El Constitucional exime de malversación a Griñán y Martínez Aguayo en el caso de los ERE
El Tribunal Constitucional está a punto de conceder amparo a Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, en el conocido caso de los ERE. Esta resolución llevará a la Audiencia de Sevilla a dictar una nueva sentencia que exculpe a Martínez Aguayo del delito de malversación por el que fue condenada en 2019, según informa El Español. Martínez Aguayo fue sentenciada a seis años de prisión por malversación y prevaricación, ingresando en prisión en diciembre de 2022. Apenas hace dos semanas logró el régimen de semilibertad, después de pasar un año y medio encarcelada.
La misma acusación de malversación y prevaricación pesa sobre el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quien también podría beneficiarse de esta nueva interpretación del Tribunal Constitucional.
La sentencia de 2019 de la Audiencia de Sevilla, ratificada en 2022 por el Tribunal Supremo, se ve así severamente cuestionada por esta nueva resolución del Constitucional. Esta decisión se suma a una reciente revisión del mismo tribunal sobre el delito de prevaricación, que ha planteado una significativa rebaja en la condena de otra de las implicadas, la exconsejera Magdalena Álvarez. Estas revisiones podrían vaciar de contenido las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Supremo, que condenaron a 15 acusados en el caso de los ERE.
El caso de los ERE concluyó que, entre 2000 y 2009, la cúpula del PSOE andaluz urdió un "sistema fraudulento" dotado con 680 millones de euros, distribuyendo fondos a empresas en crisis para garantizar la "paz social" en un contexto de "descontrol absoluto". Cinco altos cargos de la Junta fueron inhabilitados por prevaricación y otros diez, incluidos Griñán, recibieron penas de prisión por malversación, aunque Griñán no llegó a ingresar en la cárcel por motivos de salud.
El Constitucional ya cuestionó la semana pasada la condena por prevaricación, argumentando que no se puede cometer este delito al aprobar una ley de Presupuestos, ya que una ley no es un "acto administrativo". Este lunes, fuentes del tribunal confirmaron que la ponencia sobre la condena a Martínez Aguayo la exculpa también del delito de malversación. La propuesta cuenta con el apoyo de siete magistrados, todos elegidos a propuesta del PSOE, y el voto en contra de cuatro magistrados propuestos por el PP.
La argumentación de la ponencia es que no pudo haber malversación por parte de los responsables políticos de la Junta que no trabajaban directamente en el área de Empleo, encargada de adjudicar las ayudas a las empresas en crisis. Esta tesis coincide con los votos particulares de dos magistradas del Supremo en 2022, que defendieron que condenar por malversación a los altos cargos ajenos a la Consejería de Empleo era un "salto al vacío" basado en "datos no concluyentes".
El Tribunal Constitucional ha tomado en consideración estos argumentos para exonerar del delito de malversación a varios condenados por los ERE.
El Constitucional anticipó que la doctrina de la sentencia sobre Magdalena Álvarez influiría en las resoluciones de los recursos de los expresidentes Manuel Chaves (condenado por prevaricación) y José Antonio Griñán (prevaricación y malversación). Fuentes del tribunal explicaron que cada recurso tiene sus propias características, pero los principios del fallo relativo a Álvarez se aplicarán al resto. Todos los recursos fueron asignados a una misma ponente, la vicepresidenta del Constitucional Inmaculada Montalbán, para facilitar una visión de conjunto sobre la causa. @mundiario