El Constitucional censura la forma en que Ayuso cambió la ley para controlar Telemadrid
Por tercera vez en menos de un año, el Tribunal Constitucional ha puesto límites al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Esta vez, el órgano supremo ha declarado inconstitucional el procedimiento que permitió aprobar la Ley de Telemadrid mediante lectura única, impidiendo a los diputados de la oposición presentar enmiendas. Lo que en apariencia era un simple trámite legislativo, revela ahora un intento de concentrar el control político sobre el ente público más mediático de la región: Telemadrid.
La sentencia, liderada por el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, subraya que la forma en que se tramitó la ley vulneró derechos políticos fundamentales. “El derecho de enmienda entronca directamente con el derecho de participación política reconocido en la Constitución”, señala el fallo, que critica la exclusión absoluta de debate y modificación durante toda la tramitación. Para el tribunal, se trató de un procedimiento “inconstitucional y nulo” que socavó el núcleo de la función representativa y el principio democrático.
El trasfondo de esta ley de un solo artículo es más que simbólico. En 2021, Ayuso destituyó a José Pablo López, director general de Telemadrid desde hacía seis años, apenas unos días después de aprobar la reforma. Su relevo fue un expresidente de RTVE vinculado al PP, lo que marcó el giro hacia un control más directo del Gobierno regional sobre la televisión pública. Hoy, López preside RTVE, pero su salida de Telemadrid se convirtió en un ejemplo de cómo la ley sirvió para remodelar el poder mediático bajo la lógica de la mayoría absoluta.
El fallo del Constitucional no cuestiona el fondo de la ley, pero sí su forma: la tramitación por lectura única, prevista en el reglamento de la Asamblea madrileña, imposibilitó cualquier enmienda y, por extensión, restringió el derecho de los diputados a representar a sus ciudadanos. El tribunal recuerda que la presentación y debate de enmiendas no solo es un derecho parlamentario, sino un mecanismo de transparencia y de información para la ciudadanía.
La tercera advertencia al Gobierno de Ayuso
Esta es la tercera vez que el Constitucional censura decisiones de la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid. Las dos anteriores resoluciones habían cuestionado bloqueos de iniciativas de la oposición relacionados con la gestión del Gobierno y el manejo de escándalos fiscales vinculados a la familia de la presidenta. Ahora, el tribunal amplía su crítica a la manipulación de un órgano público clave, consolidando una línea jurisprudencial que limita la arbitrariedad de los gobiernos con mayoría parlamentaria.
Un “cuarto de hora de fama” sin debate
Durante la tramitación de la Ley de Telemadrid, los portavoces de PSOE, Más Madrid y Podemos dispusieron de apenas 15 minutos para fijar su postura antes de la votación. El Constitucional critica esta práctica como una “restricción al ejercicio del cargo público”, un gesto simbólico que revela la prioridad de la velocidad y la estrategia sobre la deliberación democrática.
Disenso interno en el Constitucional
No todos los magistrados estuvieron de acuerdo con la sentencia. Cinco votaron en contra, defendiendo que la Mesa de la Asamblea solo propuso la tramitación por lectura única y que fue el Pleno el que adoptó la decisión final. Para ellos, la responsabilidad no podía atribuirse a la Mesa, y la ley se ajustaba al reglamento vigente en ese momento. Sin embargo, el fallo mayoritario enfatiza que la suma de ambas voluntades —Mesa y Pleno— generó un “acto complejo” que acabó restringiendo derechos fundamentales.
El fallo del Constitucional pone el foco sobre un hecho inquietante: la facilidad con la que un gobierno con mayoría absoluta puede alterar normas mínimas de control y transparencia. La Ley de Telemadrid no solo reorganizó un ente público; simboliza la tensión entre poder y democracia, entre control político y representación ciudadana. @mundiario
