El Constitucional aboca una tormenta política con los recursos de la amnistía a líderes del procés

Tribunal Constitucional de España. / RR SS
Los magistrados han fijado como prioridad el análisis tanto de las solicitudes de amparo presentadas por los independentistas como de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo.

El Tribunal Constitucional (TC) se prepara para cerrar antes de final de año uno de los capítulos más delicados de la política y la justicia en España: la resolución de los recursos relacionados con la ley de amnistía del procés. Los magistrados han fijado como prioridad el análisis tanto de las solicitudes de amparo presentadas por los líderes independentistas como de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo.

Este calendario sitúa el debate en el centro del curso político y anticipa un otoño marcado por tensiones jurídicas y un invierno de posibles consecuencias políticas de gran calado.

El primer pleno del Constitucional tras el parón veraniego, convocado para el 9 de septiembre, abordará la admisión a trámite de las demandas de amparo formuladas por Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, centradas en la aplicación de la amnistía al delito de malversación. A estas se suman las ya registradas por Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

Todo apunta a que los magistrados admitirán los recursos por su “interés constitucional”, lo que abrirá un proceso complejo con alegaciones cruzadas y plazos que podrían prolongarse durante meses. El objetivo, según fuentes del propio tribunal, es resolver antes de que finalice 2025, aunque el ritmo dependerá también de los tiempos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El papel del TJUE: clave para la interpretación de la amnistía

La justicia europea será determinante. El TJUE celebró el 15 de julio una vista para valorar la compatibilidad de la amnistía con el derecho de la Unión Europea, en particular con los principios de protección de los intereses financieros comunitarios. La sentencia, que podría conocerse en otoño, marcará la dirección del Constitucional y, previsiblemente, también del Supremo.

Si Luxemburgo considera que el perdón no puede extenderse a delitos como la malversación, el margen de maniobra del TC se estrecharía. Por el contrario, un aval europeo fortalecería la posición de los líderes del procés que defienden que el Supremo limitó indebidamente los efectos de la amnistía.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ya fijó en julio su posición: la amnistía no puede cubrir el desvío de fondos públicos porque, a su juicio, implicó un beneficio personal al evitar que los condenados emplearan recursos propios en el proceso independentista. Este criterio choca con la tesis de la defensa de los líderes soberanistas, que insisten en que el gasto se destinó a fines políticos y no a enriquecimiento particular.

El Constitucional deberá pronunciarse sobre si esa interpretación restringe derechos fundamentales, en especial el derecho a la tutela judicial efectiva, alegado por Puigdemont y otros dirigentes.

Tormenta política en el horizonte

El hecho de que las resoluciones puedan llegar a finales de año no es menor. Coincidirían con la negociación de los Presupuestos Generales de 2026, donde el Gobierno de Pedro Sánchez depende de ERC y Junts para garantizar la estabilidad de la legislatura.

En este escenario, el desenlace judicial sobre la amnistía tendrá inevitablemente un eco en el tablero político: una sentencia favorable podría fortalecer la posición de los partidos independentistas, reforzando su exigencia de avanzar en el reconocimiento de sus demandas. Un fallo restrictivo podría reactivar la confrontación, con el riesgo de trasladar la tensión a las calles y a la negociación parlamentaria.

La resolución del Constitucional, en paralelo a lo que dictamine el TJUE, se convertirá en un auténtico test de estrés para la democracia española. De su interpretación depende no solo el futuro judicial de líderes como el líder de Junts Puigdemont o el líder de ERC Junqueras, sino también la estabilidad del Gobierno de coalición entre el PSOE con Sumar.

Si el TC avala una aplicación amplia de la amnistía, Sánchez podría asegurarse un respaldo más sólido en el Congreso. Pero si la decisión limita los efectos del perdón, el Ejecutivo se enfrentará a una tormenta política de consecuencias difíciles de prever. @mundiario