El Congreso estalla por el caso del jefe policial y eleva la tensión sobre Marlaska

La última sesión de control al Gobierno en el Congreso dejó una imagen preocupante. No por la contundencia del debate, que es legítima y necesaria, sino por el tono y el terreno elegido. La dimisión de José Ángel González, hasta ahora director adjunto operativo de la Policía Nacional, tras conocerse una denuncia por presunta violación presentada por una agente, actuó como chispa en una cámara ya saturada de tensión. El Partido Popular centró su ofensiva en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusó de encubrir el caso. El Ejecutivo respondió cerrando filas.

Conviene explicar el contexto. El DAO es el número dos operativo de la Policía Nacional, una figura clave en la cadena de mando. Su salida no es menor. Según el ministro, tuvo conocimiento formal de la denuncia el martes y actuó de inmediato. La oposición sostiene que el Gobierno lo sabía antes y lo ocultó. Aquí se cruzan dos planos distintos que no deberían confundirse. Uno es el penal, que corresponde a los tribunales. Otro es el político, que exige transparencia y diligencia.

La denuncia y la responsabilidad política

Cuando surge una acusación tan grave como una agresión sexual, la primera obligación institucional es garantizar que la denuncia se investigue con rigor y sin interferencias. Eso implica proteger a la presunta víctima, activar los protocolos y apartar al denunciado de sus funciones si procede. En ese sentido, la dimisión inmediata reduce el margen de sospecha sobre una posible inacción.

La cuestión política es otra. ¿Debe dimitir el ministro por los actos presuntamente cometidos por un alto cargo policial? En sistemas democráticos consolidados, la responsabilidad política no es automática ni ilimitada. Se exige cuando hay conocimiento previo, encubrimiento o negligencia. Si Marlaska no conocía la denuncia hasta el momento señalado, la exigencia de dimisión pierde fuerza jurídica y se convierte en una estrategia de desgaste. Eso no impide pedir explicaciones exhaustivas. La transparencia no es una concesión, es una obligación.

El ruido como estrategia

Lo que ocurrió en el hemiciclo fue algo más que un debate duro. Golpes en los escaños, acusaciones de “organización criminal” y expresiones de asco elevan la temperatura pero no aportan pruebas. Convertir cada escándalo en una sentencia anticipada puede dar rédito inmediato, pero erosiona la credibilidad institucional. El Parlamento no debería parecer una plaza donde se compite por quién grita más alto.

Además, la coherencia es imprescindible. Cuando las formaciones políticas reaccionan con distinta intensidad según quién sea el acusado, la ciudadanía percibe doble rasero. Y esa percepción es letal para la confianza pública. La violencia sexual exige una respuesta firme siempre, sin cálculos partidistas.

La política ante el espejo

La sesión también mostró otra realidad. Sin el presidente del Gobierno presente, la dinámica derivó hacia el cuerpo a cuerpo. El ministro del Interior llegó a retar a la oposición a repetir fuera del hemiciclo las acusaciones de encubrimiento. Ese gesto refleja hasta qué punto la discusión se desplazó del terreno político al personal.

España atraviesa un momento de polarización aguda. Cada episodio se convierte en munición. Sin embargo, la gravedad de una denuncia por violación exige algo más que ruido. Requiere garantías, información clara y respeto al proceso judicial. Y exige que las instituciones actúen como diques frente al descrédito, no como altavoces del enfrentamiento.

La política no puede ser un teatro permanente de indignación selectiva. Si el Gobierno falló, deberá asumir consecuencias. Si no lo hizo, la acusación sin pruebas también tiene un coste democrático. La ciudadanía observa y toma nota. Y cuando percibe que el Parlamento se transforma en un campo de batalla sin reglas, la desafección crece como una grieta silenciosa que termina por resquebrajar la confianza colectiva. Recuperar el sentido institucional no es una opción estética, es una necesidad democrática inaplazable. @mundiario