Castilla y León, atrapada entre las llamas y la descoordinación
La reciente ola de incendios que ha arrasado decenas de miles de hectáreas en Castilla y León ha servido de espejo incómodo para la política autonómica. En teoría, el presidente Alfonso Fernández Mañueco encabezaba la defensa de la región, clamando por más medios al Gobierno central y denunciando una supuesta desatención. En la práctica, los hechos dibujan un escenario menos heroico: mientras se multiplicaban los mensajes en redes sociales y los reproches a Pedro Sánchez, algunos de los recursos enviados por el Estado permanecían aparcados, sin uso efectivo, a la espera de que alguien decidiera qué hacer con ellos.
Los ejemplos son tan ilustrativos como preocupantes. El Ejército desplegó bases logísticas en Bembibre y Cistierna con capacidad para albergar y alimentar a 180 personas, pero nunca llegaron a ser utilizadas. Las camas, los avituallamientos y las raciones de comida se quedaron intactos, como si se tratara de un simulacro, no de una emergencia real. Lo mismo ocurrió con los puestos de mando: de los cinco preparados, solo dos fueron solicitados, y uno de ellos, ya montado, acabó siendo trasladado a otro punto, con la consiguiente pérdida de tiempo y esfuerzo.
En paralelo, la retórica política subía de tono. El PP reclamaba la presencia masiva del Ejército y acusaba al Ejecutivo central de inacción, obviando que la competencia principal en gestión forestal recae en las comunidades autónomas. Mañueco, que en los primeros compases de la crisis había defendido la suficiencia de su dispositivo, cambió rápidamente de discurso y convirtió a Sánchez en su blanco prioritario, reclamando refuerzos sin cesar. El resultado fue un doble mensaje contradictorio: por un lado, que Castilla y León estaba preparada; por otro, que solo Madrid podía salvar la situación.
Este juego de contradicciones revela hasta qué punto la gestión de una catástrofe natural puede contaminarse de intereses partidistas. La tragedia ambiental se transforma en espectáculo político, y la coordinación entre administraciones se sustituye por un intercambio de reproches. La disculpa posterior del portavoz de la Junta, admitiendo que se dejaron recursos sin utilizar, no borra la sensación de improvisación ni de falta de control real sobre el dispositivo.
El problema de fondo es que los incendios ya no son fenómenos excepcionales: forman parte del nuevo paisaje climático de España. Ante esa realidad, la estrategia no puede ser la foto de un presidente denunciando abandono ni la propaganda de un Gobierno central que asegura haber desplegado “el cien por cien de lo solicitado”. Lo que se necesita es un pacto serio, sostenido y técnico sobre prevención, coordinación y dotación de medios. Lo demás es humo —un humo político tan tóxico como el que levantan los montes arrasados.
Lo ocurrido en Castilla y León no es solo un fallo logístico: es la demostración de que la política española aún no ha entendido que frente al fuego no caben gestos de propaganda ni pulsos partidistas. Cada minuto perdido en peleas es un minuto ganado por las llamas. Y en este terreno, ya hemos comprobado que el fuego no perdona. @mundiario