Caso Koldo: intervienen los correos de altos cargos de Interior y Transportes
El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha ampliado la investigación del caso Koldo de corrupción, ordenando a entidades públicas, incluyendo Puertos del Estado y Adif (dependientes del Ministerio de Transportes) y la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios (dependiente del Ministerio de Interior), entregar todos los registros de correos electrónicos corporativos, los “buzones y carpetas” de una decena de altos funcionarios vinculados a los contratos por la compraventa de mascarillas durante lo peor de la pandemia.
La pesquisa que solicitó el magistrado a los archivos pertenecientes en el periodo entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2020, cuando se produjeron con adjudicaciones bajo sospecha a la trama liderada por los empresarios Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, quienes presuntamente pagaron “comisiones irregulares” e “influyeron en autoridades y funcionarios” para conseguir los contratos en el suministro de material sanitario a varias ramas de los ministerios de la Administración pública y al menos dos comunidades autónomas.
En el auto fechado el 19 de febrero, el juez solicita los archivos del presidente de Puertos del Estado en ese momento, Francisco Toledo, y tres subordinados (Álvaro Sánchez, secretario general de la entidad; Aránzazu de Miguel, jefa de área de Contratación y Gerencia de Riesgos; y Belén Caballero, jefa del Departamento Jurídico), así como los correos de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y otros tres altos cargos (Martín José Navarro, director de Recursos Humanos; Jesús Ángel Díaz, subdirector de Prevención de Riesgos Laborales; y Michaux Miranda, director general de Gestión de Personas).
Sobre Miranda, el magistrado Moreno pide los archivos del periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024. El juez también ha solicitado a Interior que entregue todos los correos electrónicos de Daniel Belmar, quien era subdirector general de Planificación y Gestión de infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado. También se requieren los correos del exasesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, y su historial desde enero de 2020 hasta la fecha actual.
La investigación abierta por la Audiencia Nacional incluye delitos como pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. Se sospecha que Aldama y Cueto conspiraron, a través de Koldo García, para obtener contratos millonarios con la Administración a cambio de comisiones irregulares durante la pandemia. El magistrado estima beneficios de 9.6 millones de euros para Cueto, 5.5 millones para Aldama y un incremento patrimonial de más de 1.5 millones para Koldo García.
Las indagaciones apuntan a la influencia de Aldama en el ámbito de Transportes, donde tenía un “pase especial”. El juez destaca conexiones personales y directas entre los implicados y contratos sospechosos en 2020. La Guardia Civil ha tomado declaraciones a varios testigos sin que hayan sido imputados hasta el momento. La solicitud de correos busca esclarecer la participación de altos funcionarios en las adjudicaciones bajo sospecha. @mundiario