Ayuso acusa al Gobierno de perseguir a su pareja y denuncia un “ataque al Estado de derecho”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado duramente este miércoles la actuación del Gobierno central y la Fiscalía en el caso que investiga a su pareja, Alberto González Amador, por presuntos delitos de fraude fiscal, falsedad documental y corrupción en los negocios. Durante una rueda de prensa en la Real Casa de Correos, Ayuso aseguró que “todos los poderes del Estado y todos los ministros están muy centrados en intentar destruir a un ciudadano”, en referencia a González Amador.

Estas declaraciones surgen después de que la Fiscalía de Madrid apoyara la apertura de una nueva línea de investigación para esclarecer si González Amador supuestamente utilizó una sociedad pantalla para facturar servicios al Grupo Quirón. Ayuso lanzó que “debe ser la única inspección fiscal que hay en España, porque veo que todos los poderes del Estado y todos los ministros están muy centrados en intentar destruir a un ciudadano que, solo, se está defendiendo de todo ello, con sus medios”. Además, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de proteger a figuras cercanas, como su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, quienes también enfrentan cuestionamientos públicos.

“Quiero ver la factura de Begoña Gómez y del entorno del presidente y saber qué instituciones están al servicio de los mismos para protegerlos”, dijo la baronesa popular. “Nosotros en este caso no lo defiendo, a ningún particular, si al Estado de derecho, que está siendo atropellado diariamente por todos los ministros”, zanjó.

La presidenta madrileña también cargó contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien defendió este miércoles al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por la presunta filtración de un correo relacionado con el caso González Amador. Bolaños aseguró que “la verdad se abrirá paso” y que el fiscal general demostró estar “persiguiendo el delito”.

El caso de los correos filtrados comenzó en marzo, cuando el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), difundió el contenido de un correo que aludía a que la Fiscalía supuestamente ofreció un pacto de conformidad a González Amador. Posteriormente, se conoció otro correo que demostraba que fue el abogado del empresario quien propuso el pacto y reconoció los delitos. Este segundo correo desató la imputación de García Ortiz por revelación de secretos ante el Tribunal Supremo, lo que ha añadido tensión al enfrentamiento político.

Un nuevo frente político y judicial

Ayuso denunció lo que considera una erosión progresiva de las instituciones democráticas en España. “Una dictadura no entra de un día para el siguiente, va poco a poco, carcomiendo las instituciones, los contrapesos, de manera de que no nos demos cuenta, de que nos vayamos acostumbrando”, advirtió.

Según la presidenta, el Gobierno está utilizando los poderes del Estado para beneficiar a aliados políticos y atacar a sus detractores. “Cuando nos queramos dar cuenta, un buen día, que todos aquellos que han cometido graves delitos, ya sea por el procés en Cataluña, los ERE en Andalucía, o en el País Vasco con temas relacionados con el terrorismo, están en la calle, los jueces van a ser perseguidos; los periodistas que lo hayan denunciado serán puestos fuera de la carrera periodística, y así suma y sigue”, dijo la presidenta madrileña. Además, alertó de un futuro donde “un buen día no habrá institución a la que recurrir ni medio de comunicación al que pedir amparo para denunciarlo”.

Estas afirmaciones se enmarcan en un contexto de creciente enfrentamiento entre Ayuso y el Ejecutivo central, alimentado por iniciativas como el proyecto del Gobierno para instalar una placa conmemorativa en la Real Casa de Correos, señalándola como lugar de tortura durante el franquismo, o la reforma para limitar la acción popular en los procesos judiciales, a la que Ayuso califica como el resto del PP de “Ley Begoña” y que chocaría con competencias autonómicas.

El martes, tras conocerse la imputación formal de García Ortiz, Ayuso elevó el tono de sus críticas al Gobierno. “Se confirma la operación de Estado que ha urdido el presidente del Gobierno y su entorno contra mí”, afirmó. Según Ayuso, el auto judicial demuestra una “dinámica delictiva” en el uso de la Fiscalía para vulnerar derechos fundamentales. Incluso llegó a exigir la dimisión de Pedro Sánchez, al que calificó como “un peligro para España”.

¿Un acercamiento a Junts para desalojar a Sánchez?

Preguntada sobre una posible moción de censura impulsada por PP, Vox y Junts para desalojar al Gobierno de Sánchez, Ayuso no descartó la idea, aunque eludió comprometerse. “Con respecto a las coincidencias que pueda tener en votaciones el PP con Junts, desconozco si para echar al peor Gobierno de la democracia en un momento dado coincidirán en las votaciones”, lanzó Ayuso. “Lo que hay que preguntarse es si hay negociaciones. Yo lo desconozco. No me corresponde a mí valorarlo”, dijo la presidenta madrileña.

Esta aparente apertura a acuerdos con los independentistas catalanes marca un giro en el discurso del PP, especialmente tras años de enfrentamientos con las formaciones soberanistas.

Las declaraciones de Ayuso, combinadas con los avances judiciales y las investigaciones en curso, subrayan un escenario político polarizado. La presidenta de Madrid busca consolidar su liderazgo en la oposición al Gobierno de Sánchez, mientras las tensiones entre los poderes del Estado siguen aumentando. El caso González Amador, lejos de resolverse, promete seguir ocupando un lugar destacado en la agenda política nacional. @mundiario