Los recursos a la ley de amnistía aterrizan en el Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional se enfrenta a un otoño decisivo con el foco puesto en los recursos contra la ley de amnistía. El próximo 10 de septiembre, el tribunal tomará su primera decisión clave sobre este controvertido asunto, cuando en su pleno se debatirá la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo contra la ley. Esta norma, aprobada por el Congreso, busca otorgar perdón a los delitos relacionados con el procés. Según fuentes cercanas al tribunal, se espera que se acepte la tramitación de las objeciones planteadas por la Sala Penal del Supremo, dada su relevancia y trascendencia constitucional.
La admisión de esta cuestión de inconstitucionalidad marcará el inicio de un proceso largo y complejo, en el que se irán sumando diversos recursos anunciados por comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, así como por su grupo parlamentario. A estos se agregarán las posibles peticiones de amparo que el líder de Junts, Carles Puigdemont, podría presentar si la ley no se aplica en su caso. Además, otros condenados por delitos relacionados con el procés, que no se beneficien de la amnistía, también podrían llevar sus quejas ante el Constitucional, alegando vulneración de derechos fundamentales.
Los letrados del Constitucional no han encontrado dudas en la admisión a trámite de la cuestión presentada por el Supremo. Durante las últimas semanas, han elaborado un informe que respalda el estudio detallado de las preocupaciones de la Sala Penal sobre la posible incompatibilidad de ciertos aspectos de la ley de amnistía con principios constitucionales esenciales. Basado en este informe, el magistrado Ricardo Enríquez, miembro del sector conservador del tribunal, propondrá iniciar de inmediato el análisis de fondo. El tribunal deberá determinar si, como sostiene la Sala Penal, la ley de amnistía viola el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica.
El origen de las objeciones del Supremo se remonta al 15 de julio, cuando abordó el recurso de un condenado por desórdenes públicos agravados durante los disturbios en Girona en octubre de 2019. La Fiscalía respaldó la cuestión de inconstitucionalidad, mientras que la defensa del condenado se opuso. El Constitucional deberá resolver si la ley de amnistía infringe derechos fundamentales y si, como alega el Supremo, establece un trato discriminatorio y arbitrario, con el potencial de erosionar la convivencia democrática.
Un tribunal de mayoría progresista
Aunque se espera la presentación de otros recursos, como el del PP, antes del 11 de septiembre, la participación del Defensor del Pueblo en este proceso es incierta. A pesar de contar con la legitimación constitucional para recurrir, la tradición indica que esta institución comunica sus decisiones con antelación, lo que no ha ocurrido hasta ahora.
En cuanto a las posibles abstenciones, el magistrado Juan Carlos Campo ya ha anunciado que no participará en la resolución de los recursos relacionados con la ley de amnistía debido a su pasado como ministro de Justicia. Por su parte, el magistrado José María Macías ha dejado en suspenso su decisión sobre una posible abstención, en caso de que se le solicite.
El recurso que podría presentar Carles Puigdemont no tiene un plazo específico, ya que primero debe agotar todas las vías legales ante la jurisdicción ordinaria. Se espera que pasen varios meses antes de que el Constitucional pueda abordar este recurso, y en ningún caso se tomará una decisión antes de resolver la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo.
El Constitucional, ahora de mayoría progresista, ha despejado su agenda para centrarse en este asunto crucial. En este período, el tribunal ha resuelto importantes cuestiones pendientes, como la ley del Aborto y la de Eutanasia, además de tramitar más de once mil recursos de amparo solo en 2023. @mundiario