El acuerdo de inmigración entre el Gobierno y Junts se tambalea por la falta de apoyos
El pacto entre el Gobierno de España y Junts para delegar competencias de inmigración a la Generalitat enfrenta serios obstáculos y su viabilidad está en duda. La iniciativa, que el Ejecutivo considera clave para consolidar su legislatura, carece de los apoyos suficientes dentro de su propia coalición. Podemos ha manifestado un rechazo frontal a la propuesta, y a este se suma ahora la oposición de Compromís, lo que compromete la tramitación de la ley en el Congreso.
Tras 14 meses de negociaciones, el Gobierno ha logrado cerrar un acuerdo con Junts sobre la delegación de competencias migratorias, un asunto espinoso debido a la gestión del control fronterizo. Sin embargo, la oposición de formaciones clave dentro del bloque de investidura podría dejar la propuesta en papel mojado. Podemos, liderado por Ione Belarra, ha dejado claro que no respaldará la norma al considerar que otorga a Junts la capacidad de implementar “políticas racistas y contrarias a los derechos humanos”.
La formación morada solo estaría dispuesta a reconsiderar su postura si se aprobara previamente una iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular.
El Gobierno, consciente de la fragilidad de la propuesta, controla los tiempos a través de la Mesa del Congreso y podría retrasar la tramitación hasta asegurarse los apoyos necesarios. Aunque el texto legislativo contempla una aplicación compleja y un desarrollo técnico detallado sobre cómo los Mossos d'Esquadra asumirán competencias en procesos de expulsión, permisos de residencia y el control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, el rechazo de Podemos y Compromís supone un escollo difícil de superar. Jordi Turull, secretario general de Junts, ha intentado negociar con Belarra, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.
El malestar en Sumar también crece. Yolanda Díaz, a pesar de respaldar el acuerdo, ha expresado preocupación por la utilización política que Junts está haciendo del mismo. Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar, ha advertido de que la interpretación de Carles Puigdemont es “interesada” y que el debate puede derivar en un refuerzo del discurso antiinmigración de Junts. Esta postura también es compartida por ERC, cuyos votos son fundamentales para la aprobación de la ley.
Los partidos de izquierdas recelan de la ley
Compromís, con dos escaños en el Congreso, ha anunciado oficialmente su voto en contra. Alberto Ibáñez, diputado de la formación, ha declarado a El País que “no avalaremos tesis racistas como las que plantea Junts” y ha criticado que el texto legislativo refuerce el vínculo entre inmigración e inseguridad al ampliar un 40 % la dotación de los Mossos d'Esquadra. Aunque Compromís reconoce la constitucionalidad de la delegación de competencias, considera que el discurso de Junts busca competir electoralmente con Aliança Catalana, partido de extrema derecha e independentista.
En la misma línea, Izquierda Unida (IU) también ha manifestado dudas técnicas e ideológicas. Antonio Maíllo, coordinador general de IU, ha advertido de que, para obtener el respaldo de su grupo, será necesario introducir modificaciones en la propuesta.
Con un panorama incierto y una negociación todavía abierta, el Gobierno enfrenta un reto crucial. Sin el apoyo de Podemos y Compromís, la propuesta podría quedar bloqueada, afectando la relación entre el PSOE y Junts y poniendo en peligro la estabilidad de la legislatura. Las próximas semanas serán determinantes para definir el futuro de esta iniciativa y la cohesión de la mayoría de investidura. @mundiario