Zapatero dice que hay casos en que la política debe quedar exenta del Código Penal

Zapatero,  ex presidente del Gobierno y ex consejero de Estado, acaba de decir con claridad en el Foro del diario del Conde de Godó, que entiende que los actos políticos deberían quedar exentos de que les aplique el Código Penal. Que ese no debe ser el marco para resolver las controversias políticas. ¿O es que quiso decir otra cosa? ¿Entonces? La frase queda para la historia: Según se dice su convencimiento “se basa en principios morales, políticos y democráticos. Siempre pensó que la reacción del derecho penal que se produjo” contra los responsables del procés antes o después se tiene que revisar, y porque es partidario de la “mínima intervención del derecho penal en los conflictos políticos”. Ahí queda eso. Desde que el propio Sánchez hizo suyo el lenguaje del independentismo el asunto cuajó. (aunque antes dijera que lo de Cataluña fuera un delito de “rebelión”, que los políticos presos debían cumplir sus penas y que un político no debe indultar a otro). Y eso de la judicialización del “procès” lo provocó lo que aplicaron la Ley (aunque él apoyara el 155), y no los que la incumplieron. Por eso, llegó a decir que el asunto de la declaración de la independencia y los actos de los CDR y el Tsunamic nunca debería haber salido del ámbito de la política. Pero hay más, el poliministro Bolaños llega a afirmar que la culpa de todo la tuvo el PP de Rajoy, a cuyo Gobierno le hicieron dos referendos y además se le fugó Puigdemont (¿pero no lo iba a traer Sánchez?). Pero la guinda la pone el actual ocupante de la Moncloa en Galicia, donde acaba de acusar a Rajoy de ser el causante del procès mismo por su impericia.

Vivimos tiempos de legislación creativa. Y Zapatero es el gran el padre del Estado cambiante sobre la marcha que ejecuta Pedro Sánchez, quien con razón dice que es “su inspiración”. Por ejemplo, que es difícil encajar el indulto a unos sujetos que se alzaron contra la Constitución, se reforma el Código Penal, se elimina el delito que cometieron y se rebajan sus secuelas. ¿Hay problemas para encajar una Ley de Amnistía porque con la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente puede haber sorpresas con los plazos y el examen de determinados hechos incluidos en el paquete de la impunidad prometida, pues nada?: Bien sencillo, se reforma la LeCrim a la medida de todos los supuestos. Y así hasta el infinito. Pero esta vez emerge el cinismo de Sánchez, quien ayer defendía dar a los jueces el margen necesario para investigar la corrupcion del PP, y ahora quiere recortar que investiguen a su socio Puigdemont y otros beneficiarios de su política. Y otra perla de Zapatero: Que los jueces cumplan su deber, son para él “movimientos judiciales”. Curiosa evolución de un personaje en cuyo haber se anotaba haber propuesto en su día "Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo", conocido también como Pacto Antiterrorista, firmado por el PP y el PSOE el 8 de diciembre de 2000. El objetivo principal del acuerdo era fomentar la unidad entre ambos partidos en la lucha contra el terrorismo. Se incluyeron algunas cláusulas para asegurar que las políticas contra el terrorismo no se utilizaran como arma arrojadiza electoral. Ya ven cómo cambian las cosas.

Zapatero como marco de referencia histórica

Cuando desde la perspectiva necesaria se analice la historia de España le corresponderá a Zapatero ser el marco de referencia que crea el espacio nuevo que otros perfeccionan. ¿Recuerdan que cuando España estaba al borde del rescate (y pese a que Jordi Sevilla le enseñó economía en dos tardes) dijo que el país estaba en la “Champions League” de la economía, aunque tuvo que para salvar la quiebra del Estado que rebajar el cinco por ciento el sueldo de todos los funcionarios ¿Y cuándo dijo aquello de que “aceptaré el Estatut que mande el Parlament y lo aceptó” ¿Qué más daba que creara un poder judicial propio para Cataluña, reconocida como nación per se, que usurpaba competencias del Estado no cedidas o que dejaba fuera de aquella comunidad que pudiera actuar el defensor del pueblo? Ahora, Sánchez y Bolaños y Zapatero, le achacan la culpa “procès” también al Tribunal Constitucional. La amnistía es una reparación necesaria, la corrección de errores del Estado que persiguió a quienes no hicieron otra cosa que ejercer las libertades negadas (“Votar no es delito”., que dice Junqueras) y la legítima protesta acumulada contra el Constitucional y las sentencias contra los dirigentes del procès y todos los afectados injustamente perseguidos, ya sean 1.400 o 4.000, que eso no está claro.

En 2003, ante el riesgo de que Ibarretxe convocara un referéndum de independencia en el País Vasco, el Gobierno de Aznar, con la ley 20/2003 introdujo los art. 506 bis, 521 bis y 576 bis en el Código Penal estableciendo una pena de entre tres y cinco años de cárcel para el delito de “convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum o actos similares”. Los cargos serían inhabilitados hasta a diez años. Este delito ya había estado establecido antes, incluso en la República.  Cuando vino Zapatero suprimió los artículos citados, con lo cual esa conducta dejó de ser delito tal y como estaba tipificada.  Pero lo más llamativo fue que se decía: “Los artículos anteriores, cuya derogación se lleva a cabo por la presente Ley, se refieren a conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión”. El partido de Pedro Sánchez pensaba entonces que a nadie se le ocurriría convocar un referéndum ilegal. Y así lo defendió el diputado Álvaro Cuesta, quien, hasta 2014, fue también Secretario Ejecutivo de Libertades Públicas y Derechos de Ciudadanía del PSOE. Pero lo más esperpéntico, es que Sánchez en 2019 cambió de opinión y anunció que volvería a introducir la sanción penal a la convocatoria de referendos ilegales en el Código Penal si era presidente. ¿Qué hubiera pasado en 2017 si hubiera estado vigente lo que Zapatero quitó y Sánchez prometió reponer?

Resulta curioso recuperar ahora lo que decía Álvaro Cuesta, que tanto recuerda lo que ahora dice Bolaños, para despenalizar los referendos ilegales. Anote: “Nuestra democracia ha subsistido desde 1978 sin necesidad de considerar o crear un tipo delictivo específico para la convocatoria ilegal de elecciones o de referendos”, Para Cuesta, que una autoridad intentase convocar, o llevar a cabo, un referéndum ilegal era del todo “imposible”, “ciencia ficción”, llegó a decir en un momento del debate.  Algo debía de temer Sánchez, vista la experiencia, que él tanto condenara (como ya ocurriera) cuando durante un debate electoral, en 2019, anuncio que reformaría el Código Penal para castigar como delito la convocatoria de un referéndum ilegal.  Es decir, que corregiría a Zapatero. ¡Qué cosas se dice y mira que es curioso revisar las hemerotecas! @mundiario