La verdad navega entre la filtración y la mentira

El costumbrismo de Tomás Bretón mostraba en La Verbena de la Paloma que las ciencias adelantaban “una barbaridad”. Hilarión y Sebastián lo repetían muy a gusto, en 1894, entre rutinas como que “las chulapas, que le costaban lo suyo”; la “cosa era natural como un vestido de percal”. No encajaban bien “la cuestión social” y que hubiera gente reclamando un pacto o una solución en que los salarios y condiciones laborales fueran otras. Las clases trabajadoras, cada vez más amplias, condenadas a la miseria y a una vejez desoladora, no tenían leyes protectoras, y el farolero urbano constataba “cómo está la cuestión social, cómo está la política y los recortes económicos, que han llegado a suprimir dos de los tres faroles que alumbraban la calle”.

Faltaban seis años todavía para que se legislara la primera ley social, y que una cuestión primordial para un trabajador como los accidentes de trabajo tuvieran alguna protección. Dejaban en la calle a mucha gente, y más si sólo había un ingreso salarial; los niños pequeños trabajaban, y uno de los opositores a que se regulara el trabajo infantil en 1910 ―empresario del mundo textil―, alegaba lo difícil que iba a ser para muchas familias que no entrara en casa el miserable salario que se pagaba a estos críos. De ese año es también la licencia para que las mujeres pudieran acceder a profesiones liberales desde la Universidad; muy pocas tenían esa posibilidad, como muy bien sabían Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán, defensoras de la dignidad de la mujer. A la inmensa mayoría, incluso le estaba vedada la enseñanza Primaria; las escuelas públicas que había eran pocas y estaban mal acondicionadas, como reflejaría Luis Bello en 1929 en su Viaje a las escuelas de España; los colegios eran para la gente bien que estaba en situación de ascenso social, como ha estudiado Antonio Viñao en Escuela para todos (Marcial Pons: 2004). Por inspiración de la Economía liberal, la educación era “un derecho impropio” y al Estado sólo competía regular algo sus etapas formativas; ni la Constitución de Cádiz, ni el Reglamento General de Manuel José Quintana (1821), ni la Ley Moyano (1857) fueron capaces de establecer los recursos imprescindibles para que todos los españoles y españolas pudieran acceder a ella.

Estamos en 2025 y, después de una gran cantidad de leyes, decretos, órdenes y resoluciones de los ciento sesenta y ocho años últimos, el logro de la “escolarización” universal, lento y tardío, no ha conseguido todavía una educación de todos y para todos. Sus carencias hacen que siga siendo una utopía, como muestran las abundantes estadísticas e informes que se ciñen a cuestiones como la capacidad lectora, el “fracaso escolar” en sus muchas vertientes, el “absentismo” en las zonas de mayor necesidad, las ratios de alumnado por profesor y aspectos similares, donde aparece el núcleo central del sistema. No cesa, entretanto, la pugna de quienes, ajenos a las cuestiones de todos, se entusiasman por el “confesionalismo” o los conciertos educativos, y aspiran a que sigan creciendo estadísticas como las de la ciudad de Madrid, donde el 60 % de niños y niñas es atendido por colegios privados y privados-concertados. Con alianzas de diverso

tipo, incluso han logrado que esta red del sistema esté tan mimada que una dirección administrativa se encarga de que su privilegiada suerte ampare una supuesta “calidad” y “selección” exclusiva de quienes, por recursos familiares, puedan permitírselo desde la más tierna infancia. Hasta que tengan el último máster en alguna sofisticada técnica de marketing o emprendimiento, no necesitarán tener contacto social con nadie excepto con los de su “clase”. Ahora mismo, en Madrid, se ultima la apertura de otra universidad privada, la nº 14, que encorsetará más las posibilidades de las públicas, agobiadas por la carencia de recursos que la gestión política considera nefastos para “la iniciativa privada”.

La Verbena de la Paloma

Esta tendencia, vigente en 2025, camina hacia lo que era España antes de que la Comisión de Reformas Sociales propusiera en 1883 su gran encuesta oral y escrita. La Historia y la memoria no pueden ceñirse a las miserias ocasionadas con la Guerra Civil y a devolver a las víctimas el honor; las seis mil fosas existentes tienen mucho que decir, pero no estaría mal advertir también que hay mucho más que recordar, además de Cuelgamuros. En este amplio campo de la memoria y las amnesias colectivas, quienes alaban la obra social del franquismo lo que en realidad añoran son los tiempos decimonónicos del voto censitario, exclusivo de unos pocos de cada lugar. Lo entrevisto estos días en los ámbitos judiciales, y particularmente en lo referente al fiscal general del Estado, no debiera inducir, por tanto, a sorpresa. Si se compara y contextualiza con la lentitud en que anda casi todo cuanto tiene que ver con las políticas sociales más urgentes, se verá su gran similitud. En continuidad de aquel pasado, en los tres ámbitos principales de Sanidad, Educación y Vivienda ―competencias principales de las administraciones autonómicas y municipales―, donde coinciden las maneras del alcalde y del presidente de la Autonomía, suele crecer el capitalismo extractivo de las élites, que acaparan los recursos presupuestarios y los invierten en empresas que les produzcan beneficios muy privados, mientras el retroceso de lo público genera una microeconomía que acorta calidad de vida a la gente asalariada.

Pues bien, el enrevesado pleito judicial del fiscal general facilita retomar este hilo histórico de tira y afloja. No debiera haber existido, pero conecta la España del siglo XXI con la del XIX. Sería una delicia para otro Tractatus de Witgenstein ocupado en descifrar la verdad de la sentencia que se dicte respecto a dos leves indicios de supuesta culpabilidad de García Ortiz en el manejo del secreto profesional. Lo complicado o simple que vaya a serle al TS elegir entre justicia y prejuicio, a muchos observadores y políticos les importa poco. La racanería moral está más interesada en ganar o perder un caso que se ha alargado porque el juguete ha dado mucho juego, y está destinado a dar mucho más. La aspereza con que se ha manejado este guión desde hace más de un año no facilita que las políticas sociales se sostengan y avancen, y ya se ha conseguido lo que Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, llama “malmenorizarlas”. Estos días han dejado en el aire una lección: la instrumentalización de la Justicia parece indicar que, pese a la CE78, sigue siendo muy difícil ser ciudadano, consciente de lo que sucede. Los muñidores de esta historia han predeterminado una infantilización colectiva ―ahora digitalizada― al mismo ritmo de la Verbena de la Paloma. @mundiario