El Tribunal Constitucional, al servicio del poder
La deriva del Tribunal Constitucional bajo el Gobierno de Pedro Sánchez ha cruzado ya las líneas rojas. La justicia europea ha comenzado a señalar la politización de un órgano que debería estar por encima del Ejecutivo. La convivencia, la igualdad ante la ley y la unidad nacional están en juego.
La transformación del Tribunal Constitucional español en un apéndice del poder político representa una amenaza real para el Estado de Derecho. Lo que se diseñó como garante de la legalidad y equilibrio institucional, se ha convertido en un instrumento al servicio del Gobierno. La situación no solo erosiona la credibilidad de la justicia, sino que, según observadores europeos, plantea dudas serias sobre la separación de poderes en España.
El Tribunal que debía velar por la Constitución
El Tribunal Constitucional fue creado para garantizar que las leyes, decretos y decisiones políticas respetaran la Carta Magna. Su papel es supervisar que ningún poder público se extralimite y que los derechos fundamentales de los ciudadanos sean protegidos, incluso frente al propio Estado.
Sin embargo, en los últimos años —y especialmente bajo el actual Gobierno—, este órgano ha sido colonizado por magistrados afines al Ejecutivo. Decisiones controvertidas, como la corrección de sentencias firmes del Tribunal Supremo, han provocado una fractura inédita en el sistema judicial español.
Un órgano político que corrige a los jueces
Que el Tribunal Constitucional se haya atrevido a enmendar sentencias del Tribunal Supremo —máxima autoridad judicial ordinaria— no solo desnaturaliza su papel, sino que destruye la jerarquía institucional. El Constitucional no es una instancia de apelación ni está por encima del Supremo en interpretación judicial. Su función es estrictamente constitucional, no judicial.
Este comportamiento deja en evidencia una preocupante sumisión al Ejecutivo, lo que ha llevado incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Parlamento Europeo a poner el foco en España. Las dudas sobre la independencia de los jueces constitucionales no son una sospecha: ya son una alerta internacional.
Refundación o colapso: la hora de Europa
La única salida responsable sería la disolución del actual Tribunal Constitucional y su refundación con garantías de independencia real, mediante un sistema de elección despolitizado, ajeno al reparto de cuotas entre partidos. Europa no puede seguir mirando hacia otro lado.
El Gobierno de Pedro Sánchez, que ha favorecido esta captura institucional, debería asumir responsabilidades políticas y dimitir. La democracia no se sostiene sin justicia independiente. España necesita una transición democrática impulsada por el pueblo, no tutelada desde el poder.
La manipulación del Tribunal Constitucional no es solo un problema técnico: es una amenaza a la igualdad ante la ley, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y, en última instancia, a la convivencia nacional. Si se normaliza esta deriva, España podría entrar en una etapa oscura de regresión democrática.
Los ciudadanos tienen derecho a instituciones limpias. Y Europa tiene el deber de actuar antes de que sea demasiado tarde. @mundiario