La transparencia, también cuando incomoda

Los recientes episodios protagonizados por Leire Díez, exmilitante socialista, y Víctor de Aldama, comisionista imputado en varias tramas de corrupción, han alcanzado un nivel de esperpento que obliga a una reflexión seria, no solo sobre el deterioro del debate público en España, sino sobre la responsabilidad de quienes aspiran a defender una política progresista basada en principios y no en adhesiones ciegas.

Porque sí: este Gobierno ha emprendido reformas sociales importantes, ha protegido a los más vulnerables en tiempos difíciles y ha defendido valores de justicia social frente al avance de una derecha cada vez más reaccionaria. Pero no por ello debemos dejar de mirar con rigor –y con preocupación– lo que está ocurriendo a su alrededor. Lo que está en juego no es solo la imagen de un Ejecutivo concreto, sino la credibilidad de todo un proyecto de país.

En democracia, no hay mayor responsabilidad que ejercer el poder con transparencia, y ningún medio que se reclame progresista puede permitirse mirar hacia otro lado cuando surgen sombras en su propio entorno. La política no puede convertirse en una trinchera donde solo importa quién lanza la acusación y no su veracidad o gravedad. Las grabaciones de Leire Díez, las reuniones con empresarios imputados, las advertencias lanzadas por Aldama en una rueda de prensa improvisada… todo ello conforma un cuadro inquietante que exige respuestas claras y contundentes.

Víctor de Aldama, implicado en el caso Koldo y en la trama de hidrocarburos, no debería tener el menor protagonismo en la esfera pública. Su irrupción en una comparecencia mediática para lanzar amenazas, señalar a miembros del Gobierno y tratar de erigirse en voz de la ciudadanía es un insulto a la inteligencia colectiva. Más aún cuando lo hace desde la posición de un investigado que aprovecha los focos para desestabilizar y confundir.

Esto no es una mera anécdota

Pero sería un error reducir este caso a una anécdota de baja política. Lo que estamos viendo es cómo determinadas figuras, algunas dentro y otras en la órbita de instituciones del Estado, se han convertido en agentes de confusión y ruido, aprovechando el descrédito institucional para abrir grietas. A veces, parece que el Gobierno está más desbordado por estas presencias parainstitucionales –intermediarios, exmilitantes, empresarios con intereses cruzados– que por sus verdaderos adversarios políticos.

La izquierda no puede permitir que la indignación sea solo una herramienta de la derecha. Debe ser la primera en exigir explicaciones cuando algo huele mal, la primera en pedir dimisiones si hay responsabilidades, la primera en limpiar su casa antes de señalar la del vecino. Esa es la diferencia entre tener un proyecto ético de país y limitarse a gestionar el poder.

No se trata de hacerle el juego a la derecha ni de alimentar su retórica de derribo. Se trata de defender el verdadero sentido de un Gobierno progresista: gobernar para todos con ejemplaridad, incluso cuando eso incomoda. Porque la limpieza democrática no es una consigna: es una obligación permanente. Y sin ella, el proyecto progresista se convierte en una marca vacía, vulnerable al populismo, al ruido y a la decepción ciudadana. @mundiario