La política española ante el espejo judicial: cuando los tribunales marcan el ritmo

La política española entra en 2026 con una certeza incómoda: ya no es el Parlamento, ni el Gobierno, ni siquiera los partidos quienes marcan el compás del debate público, sino los tribunales. La sucesión de causas abiertas, juicios señalados y sumarios en curso dibuja un escenario en el que PSOE y PP afrontan el año decisivo de la legislatura pendientes de autos judiciales, más que de iniciativas políticas. No se trata solo de corrupción, ni de responsabilidades individuales, sino de un fenómeno más profundo: la judicialización estructural de la vida política.

El calendario es elocuente. Exministros, ex secretarios de organización, altos cargos policiales, familiares del presidente del Gobierno, dirigentes autonómicos, eurodiputados y viejas figuras del bipartidismo desfilarán por los juzgados o quedarán a expensas de decisiones clave. La política española, atrapada en esta dinámica, parece haber renunciado a marcar sus propios tiempos y ha asumido, casi con resignación, que cada movimiento se interpreta a la luz del próximo auto, la siguiente imputación o la vista oral que se avecina.

El PSOE afronta este contexto desde una posición especialmente defensiva. Las investigaciones que afectan a José Luis Ábalos, Santos Cerdán o a antiguos entornos del Ministerio de Transportes han golpeado el núcleo del partido y su estructura organizativa. A ello se suman causas que rozan directamente al presidente del Gobierno, como el juicio al hermano de Pedro Sánchez en Badajoz o la instrucción contra su esposa, aún envuelta en controversia jurídica. El efecto político es claro: el Ejecutivo tiene enormes dificultades para fijar una agenda alternativa cuando cada semana surge un nuevo frente judicial que monopoliza titulares y desgaste.

Pero reducir el fenómeno a un problema exclusivo del PSOE sería un error de diagnóstico. El PP tampoco logra desprenderse de su pasado judicial ni de las sombras que aún proyectan causas como la Operación Kitchen, el caso Púnica o las recientes imputaciones que afectan a antiguos ministros y dirigentes territoriales. A ello se añade la incomodidad que generan procesos abiertos en el entorno personal de figuras de primer nivel, como el de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El resultado es un empate corrosivo: nadie está en condiciones de erigirse en referente moral sin exponerse a la réplica inmediata, aunque el PSOE parece tenerlo más complicado.

El Gobierno y la Oposición, frente a frente

Este cruce de causas ha transformado la estrategia política. La oposición ha encontrado en los tribunales un eje central de su discurso, mientras el Gobierno denuncia una utilización partidista de la justicia y un clima de sospecha permanente. Ambas lecturas contienen elementos de verdad y, al mismo tiempo, revelan una paradoja inquietante: cuanto más se judicializa la política, más se politiza la justicia. El riesgo no es menor, porque la confianza en las instituciones depende de que los ciudadanos perciban independencia judicial y responsabilidad política, no una sustitución de una por otra.

Los grandes partidos han perdido el control de los tiempos políticos frente a los calendarios judiciales. La justicia se convierte en campo de batalla partidista con riesgos para el sistema democrático

La proliferación de acusaciones populares, filtraciones interesadas y procesos que se prolongan durante años sin resoluciones claras contribuye a ese desgaste. La presunción de inocencia convive mal con el juicio mediático permanente, y la lentitud de la justicia alimenta la sospecha de impunidad, incluso cuando finalmente hay absoluciones. En ese terreno fértil crecen el cinismo ciudadano y el desapego hacia el sistema democrático, caldo de cultivo perfecto para el populismo y la antipolítica.

Al mismo tiempo, no puede ignorarse que muchas de estas causas responden a hechos graves que deben ser investigados y, en su caso, sancionados. La alternativa a la judicialización no es la impunidad, sino una política capaz de asumir responsabilidades antes de que intervenga un juez. Ese es, quizá, el gran déficit del sistema: la ausencia de mecanismos eficaces de rendición de cuentas internas en los partidos, que convierten a los tribunales en árbitros casi exclusivos de la ética pública.

Una prueba de estrés institucional

El año 2026 será, en este sentido, una prueba de estrés institucional. Coincidirán juicios de alto voltaje político, recursos ante el Tribunal Constitucional, decisiones del Parlamento Europeo y procesos que afectan tanto al poder central como a los márgenes del sistema, desde el independentismo hasta la extrema derecha. El ruido será ensordecedor y la tentación de instrumentalizar cada resolución, inevitable.

La pregunta de fondo es si la política española será capaz de salir de este bucle. Recuperar la iniciativa no pasa por desacreditar a los jueces ni por convertir cada imputación en una condena anticipada, sino por reconstruir una cultura política que distinga responsabilidades penales y políticas, que refuerce los controles internos y que devuelva al debate público su centralidad democrática. De lo contrario, los tribunales seguirán marcando la agenda, no porque lo deseen, sino porque la política habrá renunciado a hacerlo. Y ese, más que cualquier sentencia, sería el verdadero síntoma de una democracia fatigada. @mundiario