El monte arde por abandono, no por fatalidad

Cada verano Galicia arde. Y cada verano repetimos las mismas imágenes: llamas, humo y declaraciones políticas que se parecen demasiado entre sí. Durante años, el discurso oficial se refugió en una explicación simplista: los pirómanos. Se señalaba al “loco” que prende fuego por enfermedad o perversión, como si la magnitud de los incendios en Galicia pudiera reducirse a una patología individual. Esa excusa servía para eludir responsabilidades. Hoy sabemos que no: que el monte no arde por pirómanos, sino por abandono, por desorden, por falta de gestión.

En Galicia, más del 66% del monte es privado, un 33% comunal y apenas un 1% público. Con este mosaico, la fragmentación, la descoordinación y la falta de planificación convierten cada hectárea en una mecha. Las corredoiras están cubiertas de maleza y basura, no hay cortafuegos suficientes, las concentraciones parcelarias se quedaron a medias y los montes comunales, que podrían ser una oportunidad, muchas veces son un problema. El rural se ha vaciado y, con él, se ha abandonado la limpieza y el cuidado de la tierra.

Mientras tanto, se invierte dinero público en campos de golf, albergues del Camino o medios de comunicación que compiten con la iniciativa privada, cuando lo esencial sigue pendiente: cuidar el territorio. Prevenir no puede limitarse a brigadas contratadas unos meses en verano. La prevención tiene que ser un trabajo estable y permanente: desbrozar, limpiar, abrir cortafuegos, ordenar la propiedad y, sobre todo, darle al monte un valor económico y social que haga que merezca la pena cuidarlo.

Además, hay otra reflexión incómoda pero necesaria: cuando los equipos de extinción viven en la precariedad, con contratos temporales de unos pocos meses, se genera un incentivo perverso. En muchas aldeas se comenta, y no sin razón, que parte de los incendios se provocan para garantizar que habrá trabajo la siguiente campaña. Es un secreto a voces: un sistema basado en la eventualidad abre la puerta a la sospecha de que quien apaga puede ser, también, quien prende. La única manera de cerrar esa brecha de confianza es profesionalizar el servicio, convertirlo en un cuerpo estable, como los bomberos. Un funcionario no tiene interés en alimentar el fuego que le da trabajo: su interés es evitarlo.

Portugal intentó reformas tras la tragedia de Pedrógão Grande en 2017, pero sigue sufriendo grandes incendios. Italia combina prevención con aprovechamiento económico, pero tampoco ha resuelto el problema. La lección es que no existen atajos: el monte necesita inversión constante, una estrategia a largo plazo y la implicación real de los propietarios.

En Galicia, un tercio del monte es comunal. Y ahí hay una oportunidad: vincular su gestión a proyectos de biomasa, pastos o energías renovables que dejen beneficios tangibles a cada comunero, incluso en forma de dividendo individual. Si el monte da un retorno directo y personal, habrá interés en mantenerlo limpio y ordenado. Si no, seguirá siendo tierra de nadie, a merced del abandono y de las llamas.

El coste de mirar hacia otro lado es altísimo: millones en pérdidas ambientales y económicas, vidas en riesgo y un paisaje condenado a la ceniza. Prevenir cuesta menos que apagar, pero exige voluntad política. La excusa del pirómano ya no convence. Y la sospecha de que el propio sistema de extinción alimenta la tragedia debería ser razón suficiente para reformarlo de raíz.

El verdadero lujo de un país no son los albergues nuevos ni los campos de golf. Es vivir en un territorio limpio, seguro y ordenado. Galicia no puede resignarse a que cada verano suene a sirenas y huela a humo. @mundiario