La justicia como único árbitro entre el arte y el dolor

A veces, la realidad es tan cruel que solo el arte se atreve a nombrarla. Y, sin embargo, hasta el arte necesita límites. La reciente polémica en torno al libro El odio, en el que el escritor Luisgé Martín da voz a José Bretón –el hombre que en 2011 asesinó y calcinó a sus dos hijos, Ruth y José, de seis y dos años– no es solo un asunto editorial, literario o periodístico: es un dilema ético y legal de primer orden que debe resolverse donde corresponde, en los tribunales.

Durante catorce años, Ruth Ortiz ha vivido con la ausencia brutal de sus hijos, con el peso insoportable de un crimen que no solo truncó sus vidas, sino que la condenó a una existencia marcada por la pérdida más inimaginable. Ahora, en 2025, ve cómo se publica un libro en el que el asesino relata, por primera vez y con detalle, cómo cometió aquel crimen. El autor de El odio, el libro sobre el parricida Bretón, explicó a El País su proceso de elaboración en un encuentro previo a la denuncia de Ruth Ortiz, la madre de los niños asesinados, para frenar su publicación. A ella nadie le preguntó, nadie la avisó. La editorial Anagrama y el autor se amparan en el derecho a la creación, pero ¿puede ese derecho ejercerse sin ninguna consideración hacia el sufrimiento de las víctimas?

Que el arte sea libre es incuestionable. Que esa libertad pueda estar por encima de los derechos humanos, no. Ni la creación literaria ni el ensayo más riguroso están exentos de responsabilidad. Y si bien puede discutirse –y debe discutirse– si el contenido de El odio vulnera derechos fundamentales como la intimidad y la propia imagen de los menores asesinados, el lugar para hacerlo no es el plató ni el plató editorial: es la justicia.

Porque esta no es solo una discusión sobre el contenido, sino sobre el enfoque. El autor eligió mirar de frente al odio, sí, pero lo hizo colocándose junto a él, no frente a él. Dio voz al asesino y silenció a su víctima. Convirtió en protagonista a quien ya lo fue del crimen, dejando a un lado a quien lleva 14 años sobreviviendo a sus consecuencias. La editorial, por su parte, defendió su derecho a publicar mientras enviaba extractos del libro a los medios, pero no una sola línea a Ruth Ortiz. Desde las páginas del diario de Prisa, varias especialistas coinciden en que el libro de Luisgé Martín supone una violencia directa y extendida hacia Ruth Ortiz, y en que el problema no es el tema que trata sino cómo se abordó.

No se puede censurar sin más

Incluso ante semejante insensibilidad, no podemos caer en la tentación de censurar sin más. No es a los medios, ni a las redes, ni siquiera a las asociaciones civiles a quienes les corresponde decidir qué puede o no publicarse en este caso tan singular. Solo la justicia puede ponderar adecuadamente los derechos en conflicto: el derecho a la libertad de expresión y creación artística, y el derecho a la intimidad, al honor y a la dignidad de las víctimas. Solo ella puede determinar si se ha cruzado la línea de lo legal, porque cuando los límites son tan delicados, tan profundos, tan vinculados al dolor humano, necesitamos el principio rector de un Estado de derecho.

El debate social es legítimo y necesario. Nos obliga a preguntarnos si como sociedad estamos dispuestos a tolerar nuevas formas de violencia simbólica hacia quienes ya han sido víctimas de las más brutales agresiones. Pero el juicio moral no puede sustituir al juicio legal. Ni las opiniones, por vehementes que sean, pueden erigirse en veredicto. Precisamente por eso necesitamos que sea un tribunal –con sus tiempos, sus medios, sus pruebas y su razonamiento jurídico– el que dictamine si El odio incurre en una intromisión ilegítima o si se trata de un ejercicio legítimo de la libertad creativa.

En un país democrático, los derechos no son absolutos: se equilibran. Y el único mecanismo legítimo para hacer ese equilibrio es el sistema judicial. Si el libro se convierte en una segunda agresión, si daña a Ruth Ortiz y vulnera sus derechos, debe ser la justicia quien lo diga y quien actúe. No para censurar la libertad de creación, sino para proteger el derecho al respeto y a la dignidad de las víctimas.

Quizá ahí, entre el derecho a contar y el derecho a no ser revictimizada, descubramos que no todas las historias necesitan ser contadas así. Que también en el arte hay maneras éticas de mirar el horror. Y que cuando no las hay, es la justicia quien debe hablar, para recordarnos dónde termina la libertad y dónde empieza el daño. @mundiario