La impunidad soberanista

Togas de abogados.
Lo paradójico de la innovación legislativa sobre la sedición es que por beneficiar a unos pocos se va a perjudicar el ejercicio de los derechos y las libertades de muchos, al extenderse el delito de desórdenes públicos.

La supresión futura del delito de sedición va a producir una laguna en nuestro ordenamiento jurídico de imprevisibles consecuencias. Se dice que será reemplazado por un tipo agravado de otros delitos ya existentes de desordenes públicos.

Pues bien, nada tienen que ver los desórdenes públicos materiales –es decir, alterar el orden público de la calle– con el orden público constitucional que, como señala la misma Constitución española, es el protegido por la ley que  exige así  el  respeto a la misma  y el  cumplimiento de las resoluciones judiciales,  que son precisamente  los bienes jurídicos protegidos por el delito de sedición para castigar a los que se alzaren contra los mismos.

Hablo de consecuencias imprevisibles desde una perspectiva de la normal aplicación del derecho a los ciudadanos. Pero esa imprevisibilidad se puede convertir en desgraciadas certezas cuando se trata de su aplicación a los llamados soberanistas catalanes.

Mucho me temo que con la desaparición del delito de sedición se les vaya otorgar un ámbito de impunidad del que no han disimulado alardear  a las pocas horas de que se hubiera presentado tal iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados.

Lo paradójico de esta innovación legislativa es que por pretender beneficiar a esos pocos se va a perjudicar el ejercicio de los derechos y las libertades de muchos, al extenderse los delitos de desórdenes públicos. @mundiario