EE UU pilotará la transición en Venezuela

La escena es de una contundencia histórica difícil de exagerar. Estados Unidos anuncia la captura de Nicolás Maduro, la neutralización de las capacidades militares venezolanas y el inicio de un control directo del país “hasta que haya una transición segura”. El presidente Donald Trump no solo reivindica una operación militar de gran escala –con más de 150 aeronaves y una coordinación inédita entre fuerzas armadas y agencias policiales–, sino que asume, sin ambages, la dirección provisional de Venezuela. Lo hace en nombre de la paz, la libertad y la justicia para un pueblo exhausto tras años de autoritarismo, colapso económico y éxodo masivo. Pero también abre una grieta profunda entre la legalidad internacional, la ética de la intervención y la soberanía de un país que lleva demasiado tiempo sin decidir su propio destino.

Desde una perspectiva estrictamente política, la caída de Maduro supone el final abrupto de un ciclo que comenzó con Hugo Chávez y derivó en un régimen crecientemente represivo, aislado y acusado de vínculos con el narcotráfico. La nueva acusación presentada en Nueva York –por delitos que van desde el narcoterrorismo hasta la conspiración armada– refuerza la narrativa estadounidense de que no se trata solo de un cambio de poder, sino de una operación de justicia internacional. Para millones de venezolanos, dentro y fuera del país, la imagen del líder chavista rumbo a Estados Unidos para ser juzgado puede interpretarse como una reparación largamente esperada.

Sin embargo, el modo en que se ha producido este desenlace plantea interrogantes que no pueden despacharse con declaraciones triunfalistas. Trump no ha hablado de un mandato internacional, ni de un paraguas de Naciones Unidas, ni de una coalición regional amplia. Ha hablado de control, de gobierno provisional y de permanencia “el tiempo necesario”. Ha advertido, además, de una posible segunda oleada de ataques si hay resistencia. El lenguaje es inequívoco: la transición venezolana queda subordinada, al menos en su fase inicial, a la voluntad y los intereses de Washington y en manos de Marco Rubio, su secretario de Estado.

Uno de esos intereses aparece claramente definido: el petróleo. Trump ha prometido que grandes compañías estadounidenses invertirán miles de millones para “reparar” la industria petrolera venezolana y devolverla a la senda de la rentabilidad. Ha presentado la nacionalización impulsada por Chávez como un expolio histórico de propiedad estadounidense y ha enmarcado la intervención actual como una suerte de rectificación tardía. El argumento puede encontrar eco en sectores empresariales y estratégicos de Estados Unidos, pero alimenta la sospecha –muy arraigada en América Latina– de que la democracia vuelve a viajar acompañada de contratos y concesiones.

Segundo plano para la oposición democrática

La oposición venezolana, por su parte, aparece en un segundo plano. María Corina Machado, citada por Trump como posible referente para la transición, celebra la captura de Maduro y habla de justicia y de preparación para asumir el poder. Pero el diseño concreto de esa transición sigue siendo opaco. ¿Quién gobernará mañana? ¿Con qué legitimidad? ¿Durante cuánto tiempo Estados Unidos decidirá quién puede y quién no puede aspirar al poder en Venezuela? La ausencia de respuestas claras refuerza el temor a que el vacío dejado por el chavismo sea ocupado por una tutela externa más que por un proceso genuinamente venezolano.

No se trata de equiparar responsabilidades ni de relativizar la naturaleza del régimen depuesto. El chavismo tardío ha sido un sistema autoritario que cerró las vías electorales creíbles y empujó al país a una crisis humanitaria sin precedentes. Pero la historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos de intervenciones salvadoras que acabaron debilitando instituciones, cronificando dependencias y sembrando resentimientos duraderos. El riesgo no es menor cuando el poder militar sustituye, siquiera temporalmente, a la deliberación política interna.

Trump afirma que ninguna otra nación habría podido lograr lo ocurrido en tan poco tiempo. Probablemente tenga razón desde el punto de vista operativo. La cuestión decisiva no es esa, sino si lo logrado será sostenible, legítimo y beneficioso para los propios venezolanos. Una transición impuesta desde fuera puede ser rápida; una transición aceptada y estable suele ser más lenta, pero también más sólida.

Venezuela entra ahora en una fase decisiva. Entre la esperanza de dejar atrás décadas de autoritarismo y el peligro de convertirse en un protectorado de facto, el margen es estrecho. La comunidad internacional, la oposición democrática venezolana y la propia sociedad civil tendrán que exigir que el control prometido sea realmente transitorio, que la justicia no se confunda con venganza y que la reconstrucción económica no repita viejos esquemas de dependencia.

El derecho internacional cotiza a la baja

El final de Nicolás Maduro no es necesariamente el comienzo de la democracia. Puede serlo, pero solo si la transición deja de ser un eslogan pronunciado desde Mar-a-Lago y se convierte en un proceso transparente, plural y, sobre todo, venezolano.

En definitiva, la acción militar emprendida por Estados Unidos contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro supone una quiebra del derecho internacional y agrava un conflicto que solo puede resolverse mediante una desescalada urgente y un proceso político que garantice una transición democrática y pacífica. @mundiario