La defensa condiciona la economía
La cumbre de la OTAN celebrada en La Haya marcó un punto de inflexión para la Alianza Atlántica. Los 32 miembros suscribieron un histórico acuerdo para aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB en la próxima década, en respuesta a un contexto global cada vez más inestable, con Rusia como principal amenaza a largo plazo.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó la decisión como un “salto cualitativo” que busca hacer de la organización una alianza “más fuerte, más justa y más letal”, y garantizar que los mil millones de ciudadanos bajo su paraguas sigan viviendo en libertad y seguridad. El acuerdo, el mayor en los 75 años de historia de la Alianza, también pretende apaciguar a Estados Unidos. Donald Trump había amenazado con retirar su apoyo si no se equilibraba el reparto de los costes de la OTAN.
España, sin embargo, mostró sus reservas. El presidente Pedro Sánchez, tras rechazar un incremento que considera innecesario y motivado por presiones políticas, negoció una fórmula de flexibilidad que le permitirá mantener su gasto en defensa en el 2,1% del PIB, siempre que se logren las capacidades militares acordadas, cuyos detalles permanecen confidenciales. Según Sánchez, alcanzar el 5% supondría un gasto adicional de 300.000 millones de euros hasta 2035, con el consiguiente riesgo de recortes en sanidad y educación.
El desacuerdo desató la ira de Trump, quien amenazó con represalias comerciales contra España, acusándola de “no querer pagar”. El presidente estadounidense afirmó que negociará directamente con Sánchez y advirtió de que España “pagará el doble a través del comercio”; se supone que vía aranceles.
Sánchez eludió la confrontación
La cumbre de la OTAN, breve y centrada en lograr este compromiso de gasto, tuvo como principal objetivo contener las exigencias de Trump. A su llegada, el líder estadounidense ya había lanzado críticas a España, a las que Sánchez respondió con un mensaje conciliador: “España siempre es la solución, nunca es un problema”.
Pedro Sánchez entiende que, si España llegase al 5% del PIB en Defensa, este gasto comprometería los servicios esenciales y la sostenibilidad fiscal, por lo que su negativa sería una respuesta pragmática. La explicación en este caso admite ponerle números: 80.000 millones es una cifra próxima a toda la recaudación anual por IVA, que fue de 90.541millones en 2024. España recaudó en ese año por impuestos –IRPF, IVA, Sociedades, Especiales y otros– 294.734 millones de euros, por lo que esos 80.000 millones se llevarían el 27,1% de todos los ingresos fiscales. Algo inviable.
El contexto internacional explica parte de las presiones a España y a otros países. Europa ha dejado atrás el "dividendo de la paz" tras el aumento de amenazas como Rusia, China y la inestabilidad global. Además, con el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos, Washington exige a Europa un esfuerzo mucho mayor en defensa. La OTAN abandera un compromiso de gasto que alcance un 5 % combinado entre defensa directa e infraestructuras críticas. Al mismo tiempo, la Comisión Europea trabaja en un plan para movilizar 800.000 millones de euros en favor de una industria de defensa europea más autónoma.
Cifras fuera del alcance de España
A pesar de estos esfuerzos, la realidad presupuestaria de España no permite afrontar semejante aumento del gasto sin reformas fiscales profundas. Ni los préstamos europeos ni la flexibilización temporal de las reglas fiscales bastarían para evitar una disyuntiva: recortar políticas sociales o elevar los impuestos. La posición de Sánchez, aunque conlleva riesgos diplomáticos y comerciales y puede limitar el acceso a programas europeos de defensa, es razonable si se quiere proteger el gasto social. No es viable sostener al mismo tiempo el aumento masivo en defensa y el actual equilibrio fiscal y social.
Finalmente, el debate refleja las diferentes prioridades dentro de Europa. Los países del Este, más temerosos de Rusia, lideran las demandas de refuerzo militar, pero España propone un modelo de seguridad más equilibrado y sostenible. La creciente presión para aumentar el gasto militar podría sacrificar políticas sociales, generar tensiones internas y erosionar la estabilidad. Además, si este esfuerzo termina reforzando la industria armamentística estadounidense en lugar de fortalecer la autonomía europea, no se avanzaría en una política de defensa verdaderamente independiente. @J_L_Gomez en @mundiario