Crítica europea a la ley de amnistía

La Comisión Europea ha enviado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un informe crítico con la ley de amnistía promovida por el Gobierno español para cerrar judicialmente el ciclo del procés. El documento, que responde a una cuestión prejudicial elevada por el Tribunal de Cuentas, apunta contra la naturaleza misma de la norma y su origen político. Sin embargo, la Comisión no ve que esta ley afecte a los intereses económicos de la Unión Europea, lo que introduce una notable disonancia entre la crítica jurídica y la ausencia de consecuencias prácticas en el ámbito que más preocupa a Bruselas: el económico.

El informe plantea serias dudas sobre la legitimidad de una ley acordada con quienes luego resultarían directamente beneficiados. En palabras del documento, la amnistía “parece constituir una autoamnistía”, un juicio severo que alude a dos elementos: la implicación directa de los partidos independentistas en la negociación de la norma y su papel determinante para la investidura del presidente del Gobierno. Para la Comisión, esto erosiona la apariencia de neutralidad de una ley que, además, no responde claramente —según el texto— a un objetivo de interés general reconocido por el Derecho de la Unión.

Este análisis choca frontalmente con la línea defendida por el borrador de sentencia que el Tribunal Constitucional español está preparando para deliberar en junio, y que sí considera que la amnistía tiene justificación en un interés general. La discrepancia entre ambos órganos —uno comunitario, otro nacional— vuelve a situar el foco sobre la tensión entre las dinámicas internas de un Estado miembro y la vigilancia jurídica que ejerce la Unión.

Con todo, la Comisión evita adentrarse en un terreno que pondría en apuros al Gobierno español: la afectación de fondos europeos. A pesar de la gravedad simbólica y jurídica que la Comisión otorga a la autoamnistía, considera que no hay razones objetivas para pensar que ni el procés ni el perdón posterior hayan dañado los intereses financieros de la UE. Esa conclusión desinfla el núcleo de las preguntas planteadas por la consejera del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, designada por el PP, que había sugerido que la amnistía podría violar el principio de igualdad ante la ley y la seguridad jurídica en el marco europeo.

Una crítica política más que jurídica

En el fondo, el dictamen europeo refleja una crítica política más que jurídica. Bruselas lanza una advertencia implícita sobre los métodos empleados en España para alcanzar acuerdos de gobierno, pero se cuida de no presentar una batalla institucional que ponga en riesgo la estabilidad financiera ni los mecanismos de cooperación con un Estado miembro. Lo que trasluce es una cierta incomodidad con el modo en que se ha cerrado el capítulo del procés, pero sin llevar esa incomodidad hasta el extremo de convertirla en sanción.

La Comisión, en definitiva, señala las sombras éticas y democráticas de la ley de amnistía sin atribuirle consecuencias materiales que puedan traducirse en una penalización para España. Lo cual puede interpretarse como una censura moral, pero no como una condena. Y en ese terreno intermedio —el de las advertencias sin castigo— se mueven muchas de las tensiones entre política nacional y derecho europeo. @mundiario