El BBVA pisa fuerte a pesar del apoyo político catalán al Sabadell
La apuesta del BBVA por mantener su opa sobre el Sabadell pese a las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno no solo define la estrategia de un banco que aspira a consolidarse como el segundo mayor de España, sino que también revela una batalla de fondo sobre qué papel debe jugar el Ejecutivo en la concentración bancaria y cuál es el límite de su intervención en el mercado. De entrada, el BBVA pisa fuerte a pesar del apoyo político catalán al Sabadell.
Pese a las condiciones del Gobierno de España, presionado desde Cataluña, el BBVA mantiene la opa al Sabadell y encauza la operación hacia la aprobación de la CNMV. Su consejo de administración ha decidido por unanimidad seguir adelante con la opa hostil, tras unos días de deliberación en los que no faltaron dudas. La condición extra impuesta por el Gobierno —la obligación de mantener ambas entidades separadas durante al menos tres años— cambiaba las reglas del juego y forzaba al banco presidido por Carlos Torres a recalibrar su plan de sinergias, cifrado en 850 millones de euros. En ese margen de maniobra se encuentra la clave: ¿se trata de un simple retraso en la captura de valor o de un golpe a la rentabilidad de la operación?
El BBVA no ha ofrecido aún cifras definitivas sobre el impacto de esta condición en las sinergias esperadas, aunque deberá detallarlas en el folleto que la CNMV debe aprobar. Sin embargo, en su comunicado a la Comisión del Mercado de Valores y en palabras de su presidente, la entidad mantiene intacto su discurso: la unión permitirá aumentar la financiación a familias y empresas en 5.000 millones de euros al año y consolidar un banco más innovador, sólido y competitivo a escala europea. La estrategia de Torres parece clara: asumir las exigencias del Gobierno como un coste temporal que no empaña el potencial de la operación.
Pero la realidad es más compleja. La intervención del Ejecutivo, amparada en el interés general, plantea un precedente sobre hasta dónde puede llegar la política en los procesos de consolidación bancaria. El BBVA, por su parte, sostiene que la Ley de Competencia no permite endurecer las condiciones impuestas por la CNMC, sino solo mantenerlas o aliviarlas. Es un choque de interpretaciones legales que subraya la tensión entre la autonomía empresarial y el control público de operaciones consideradas estratégicas.
Movimientos en cadena
Mientras tanto, casi en paralelo, el Santander entra en juego con una propuesta de 2.700 millones de euros para comprar la filial británica del Sabadell, el TSB, según ha revelado Reuters. El consejo del banco catalán se reúnirá para estudiar tanto la opa del BBVA como esta oferta del Santander. El tablero bancario español se convierte así en escenario de movimientos que redefinirán el sector para la próxima década.
Lo que está en juego no es solo el control del Sabadell. También se confrontan dos modelos: uno en el que el mercado y los accionistas dictan el futuro de las entidades y otro en el que el Estado interviene para garantizar intereses que, según defiende el Gobierno, van más allá de la pura competencia: protección de la red de oficinas en zonas rurales, mantenimiento del empleo, refuerzo de la cohesión territorial, o incluso promoción de la vivienda asequible.
El BBVA, al mantener la opa, hace una apuesta que desafía esa intervención y se arriesga a tensionar sus relaciones con el Gobierno, confiando en que, a medio plazo, el calendario de integración le permita capturar las sinergias prometidas. Es una decisión audaz que implica riesgos políticos y reputacionales, pero también un potencial beneficio para accionistas y mercado.
La partida está abierta. Y en ella se dirimen no solo cifras y balances, sino también la respuesta a una pregunta esencial: ¿Quién debe pilotar la transformación del sector bancario español, el mercado o el Gobierno? @mundiario