El árbol de la dana no deja ver el sinuoso bosque administrativo

Que me perdonen los que han perdido sus vidas, sus allegados, sus casas, sus bienes, al paso de las aguas turbulentas de la maldita dana de Valencia, por los que doblarán permanentemente las campanas en las páginas de historia. Siento no poder pedirles permiso, una a uno de los miles y miles de damnificados, para dejar por un día el corazón en coma inducido y darle rienda suelta a la cabeza. Porque, lo de Valencia, no puede reducirse a aplastar a un tal Carlos Mazón, su vergonzoso manual de resistencia, su vergonzante plan de reconstrucción, sus pactos con el diablo vestido de Vox y la paradigmática metamorfosis de un presunto servidor público transformado en una garrapata del poder por el poder que habría inspirado al mismísimo Kafka.

Estamos tan conmovidos por el desolador presente del País Valenciá, las responsabilidades de su arrasado paisaje territorial y humano, el incierto futuro que le aguarda, entre luchas tribales políticas y retrasos endémicos de burocracia genuinamente nacional, que viene hoy como anillo al dedo el recurrente refrán al que nunca se le hace ni P. caso: El árbol no nos deja ver el bosque.

Ha tenido que ser una jueza, Nuria Ruíz Tobarra, magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Catarroja, lugar de la Comunidad Valenciana, la que (por por lo menos a un servidor), le ha abierto los ojos. Pero no por la obviedad jurídica en cuanto se refiere a las y los presuntos culpables por acción u omisión, sino por el trasfondo político, administrativo, competencial, que se ha quedado oculto bajo el lodazal en el que yacen tantos efectos personales, materiales, anímicos y sentimentales de españolas y españoles nacidos o residentes en esas tierras.

Desde hace unos días, me hago de tripas el corazón, le doy vela en ese entierro a mi cabeza y me pregunto: ¿Para qué se mantienen Delegados y Delegadas del Gobierno en las Comunidades Autónomas si, en el colmo de unas circunstancias por las que ha atravesado la ciudadanía valenciana, no tiene ni voz ni voto, ni responsabilidades jurídicas, ni capacidad de decisión y solo están de paso por ahí, mientras una catastrófica dana (o de naturaleza similar) depende exclusivamente de las luces o las sombras de la autoridad competente autonómica?

Hombre, para viajes como esos, no hacen falta alforjas administrativas, cargos de designación a dedo vacíos de contenido, chiringuitos que, multiplicados por 17 autonomías y medio centenar de subdelegaciones provinciales, salen por una pasta que, irremediablemente, vacía los bolsillos de los contribuyentes. La ley, como muy bien ha apuntado la señora magistrada, recae con todo su peso sobre la competente autoridad autonómica, pero deja al descubierto la incompetencia (en el sentido de falta de competencias, naturalmente) de iglús de la administración central del Estado que, por lo visto, están ahí, en las periferias, a cargo de mirones de obra y poncios y poncias Pílatos que, a imagen y semejanza del genuino antecesor, se lavan las manos. @mundiario