Un tiroteo en Florida reabre el debate sobre el control de armas bajo la Administración Trump
El reciente tiroteo en la Universidad Estatal de Florida (FSU), en el que murieron dos personas y seis más resultaron heridas, vuelve a colocar al estado en el centro del debate nacional sobre el control de armas. El hecho de que el atacante, un joven de 20 años, usara el arma de servicio de su madre —una exagente del sheriff local— ha generado aún más indignación, dado que el autor no tenía la edad legal para comprar ese tipo de armas bajo la legislación estatal actual.
Lo más polémico del caso es el contexto político que lo rodea. A tan solo unos kilómetros de distancia del campus, el Congreso estatal de Florida analiza un proyecto de ley que busca eliminar la restricción que impide a menores de 21 años comprar rifles y armas largas, una medida que fue aprobada en 2018 tras el trágico tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, donde 17 personas perdieron la vida.
En aquel momento, el proyecto de ley fue aprobado por una coalición bipartidista encabezada por legisladores republicanos, quienes ahora lideran los esfuerzos por revertirlo. Argumentan que la decisión tomada en 2018 fue producto de “una reacción emocional” más que de un análisis objetivo. Organizaciones como Gun Owners of America respaldan esta visión, y alegan que si a los 18 años se puede votar o firmar contratos, también se debería poder adquirir un arma de fuego.
Sin embargo, la masacre más reciente ha revivido el miedo entre estudiantes y ciudadanos. “Nunca pensé que volvería a vivir algo así tras Parkland”, escribió Josh Gallagher, estudiante de derecho en la FSU, en un tuit que se viralizó en las redes sociales. “Algo tiene que cambiar. No importa tu ideología política”.
Desde el ámbito judicial, el intento de revertir la ley tampoco ha tenido un camino sencillo. Un tribunal federal de apelaciones ratificó la constitucionalidad de la restricción de edad en 2023, y propuestas similares para su derogación fracasaron tanto en 2023 como en 2024. Aunque el proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes de Florida por una estrecha mayoría republicana, todo indica que el Senado estatal, también dominado por los republicanos, podría frenar nuevamente el avance de la iniciativa.
La tragedia también atrajo la atención del presidente Donald Trump, quien calificó el tiroteo como “una vergüenza”, pero reiteró su oposición a nuevas medidas de control de armas. “Las armas no matan, las personas lo hacen”, afirmó, y resaltó que tiene una "obligación de proteger" la Segunda Enmienda. Aunque Trump impulsó la prohibición de los "bump stocks" (dispositivo que permite que las armas semiautomáticas disparen de manera más rápida) durante su primer mandato, su postura actual favorece la reducción de las regulaciones implementadas en años recientes, sobre todo las de la Administración de Joe Biden.
Simultáneamente, los republicanos impulsan una legislación que exigiría prueba de ciudadanía para registrarse a votar en elecciones federales, una medida también respaldada por Trump. Aunque presentada como una iniciativa para proteger la integridad electoral, críticos alegan que podría despojar del derecho al voto a ciudadanos elegibles sin acceso inmediato a documentación oficial.
Fiscales generales de varios estados demócratas, junto con organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y grupos de mujeres embarazadas, han interpuesto demandas alegando que la orden contradice la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
En este panorama, se vislumbra una tensión creciente en el Partido Republicano dominado por figuras del entorno de MAGA, la base electoral de Trump, quienes abogan por preservar el derecho constitucional a portar armas pero claman mayores restricciones y escrutinio a otro derecho amparado por la Constitución de EE UU. @mundiario