Teherán da por “controladas” las protestas tras una brutal represión que deja cientos de muertos

La República Islámica de Irán intenta cauterizar uno de los episodios más convulsos de los últimos años al asegurar que la oleada de protestas iniciada a finales de diciembre está ya “bajo control”. Las declaraciones oficiales contrastan con los datos aportados por organizaciones de derechos humanos, medios internacionales y testimonios directos que describen una respuesta estatal extremadamente violenta, con cientos de muertos, miles de detenidos y un país parcialmente aislado del mundo durante días.

La afirmación de control, reiterada por el ministro de Exteriores Abbas Araghchi ante diplomáticos extranjeros, no se produce en un vacío. Llega tras cuatro días de apagón casi total de internet y las telecomunicaciones, una medida que ha dificultado la verificación independiente de los hechos y ha reducido drásticamente la capacidad de movilización ciudadana.

A diferencia de las protestas de 2022, articuladas en torno al lema “Mujer, vida y libertad”, las manifestaciones actuales surgieron por causas económicas: inflación disparada, depreciación del rial, cortes recurrentes de electricidad y agua, y deterioro de las condiciones de vida. Lo que comenzó como una protesta social descentralizada derivó rápidamente en un movimiento con un fuerte componente político, con consignas que cuestionaban directamente al régimen de los ayatolás.

La ausencia de un liderazgo claro no impidió la rápida expansión de las movilizaciones, que se expandieron a casi todas las provincias del país. Ese carácter desorganizado, lejos de diluirlas, dificultó su contención inicial y contribuyó a la respuesta contundente de las autoridades.

Según el observatorio HRANA y otras organizaciones, más de 500 personas habrían muerto en el contexto de las protestas, la mayoría manifestantes, junto con decenas de miembros de las fuerzas de seguridad. Las cifras de detenidos superan las 10.000 personas en apenas dos semanas. Hospitales saturados, morgues desbordadas y testimonios de disparos a corta distancia forman parte del cuadro descrito por fuentes médicas y familiares de víctimas.

El punto de máxima tensión se registró el jueves 8 de enero, cuando se documentaron decenas de concentraciones simultáneas. Poco después, el Gobierno recurrió a una herramienta ya conocida en crisis anteriores, pero aplicada esta vez con una intensidad inusual: el bloqueo de internet y de la telefonía internacional. La medida no solo limitó la difusión de imágenes y testimonios, sino que también afectó al sistema bancario, el comercio y el transporte aéreo.

Desde entonces, observadores coinciden en que la protesta ha perdido intensidad. No tanto por una resolución del conflicto, sino por el miedo generado por la campaña represiva y la presencia masiva de fuerzas de seguridad en las calles.

El relato oficial: terrorismo e injerencia extranjera

La narrativa del Gobierno iraní atribuye los disturbios a la acción de “alborotadores” y “grupos terroristas” apoyados desde el exterior, principalmente por Estados Unidos e Israel. Medios cercanos al régimen, como la agencia Tasnim, informan de la detención de supuestos cabecillas, la incautación de armas y la muerte de varios agentes en presuntos enfrentamientos armados.

En paralelo, las autoridades han decretado días de duelo nacional y han promovido manifestaciones multitudinarias de apoyo al régimen, presentadas como una demostración de legitimidad interna frente a la presión extranjera. Este doble movimiento —represión severa y movilización de simpatizantes— busca proyectar una imagen de normalización y cohesión institucional.

El contexto internacional añade una capa adicional de complejidad. El presidente estadounidense Donald Trump reiteró que el Ejército ya planea posibles represalias —incluidas opciones militares— por la violencia contra los manifestantes. Al mismo tiempo, diversos analistas señalan que la desestabilización interna podría abrir una vía indirecta hacia una nueva negociación nuclear, una hipótesis que explicaría el tono ambiguo de algunos mensajes diplomáticos recientes.

Desde Teherán, las advertencias no se han hecho esperar. Altos cargos del régimen han alertado de que cualquier ataque tendría consecuencias regionales, subrayando la fragilidad del equilibrio en Oriente Próximo.

La pregunta clave es qué significa exactamente que la situación esté “bajo control”. Los indicios apuntan a que el descenso de las protestas responde menos a una solución de las causas estructurales —crisis económica, deterioro de servicios y falta de expectativas— y más a una combinación de represión intensiva, aislamiento informativo y despliegue policial masivo.

Lejos de cerrar el capítulo, los acontecimientos de estas semanas parecen reforzar la dinámica recurrente en Irán: estallidos sociales cada vez más frecuentes, respuestas estatales cada vez más duras y una tensión latente que permanece incluso cuando las calles se silencian. En ese marco, el control proclamado por Teherán se presenta menos como un punto final y más como una pausa impuesta en un conflicto aún sin resolver. @mundiario