El Supremo de EE UU se inclina por las exigencias de Trump y se abre a endurecer el voto por correo
La batalla por las reglas electorales en Estados Unidos finalmente logra irrumpir en el Poder Judicial del país. Este lunes, el Tribunal Supremo ha escuchado los argumentos de un caso que, en apariencia técnico, puede tener consecuencias estructurales para coentos de ciudadanos: determinar si es constitucional contar votos por correo que llegan después del día electoral.
Detrás de este debate jurídico se esconde una disputa política de gran alcance impulsada por el presidente Donald Trump, cuyo objetivo es restringir esta modalidad de voto a nivel nacional.
El caso gira en torno a una ley del estado de Misisipi que permite contabilizar papeletas recibidas hasta cinco días después de la jornada electoral, siempre que hayan sido enviadas antes del cierre de las urnas. Sin embargo, la mayoría conservadora del Supremo —seis de nueve magistrados— ha mostrado escepticismo ante esta norma, abriendo la puerta a un cambio que podría extenderse a todo el país.
Lo que está en juego no es únicamente una ley estatal, sino la interpretación de cuándo termina una elección. Para los demandantes —entre ellos el Partido Republicano y aliados de Trump— el proceso electoral debe cerrarse estrictamente el día de la votación, tanto en emisión como en recepción de votos.
Esta interpretación choca con la práctica de al menos una veintena de estados, que aceptan papeletas por correo después del día electoral por razones logísticas, especialmente en territorios extensos o con dificultades de transporte. El voto por correo, además, se expandió notablemente durante la pandemia, consolidándose como una herramienta clave de participación en la costumbre de algunos estadounidenses, sobretodo en aquellos que residen en estados considerados “demócratas”.
Si el Supremo invalida la ley de Misisipi, el fallo podría obligar a modificar de forma inmediata las normas en múltiples estados, alterando décadas de prácticas electorales.
La estrategia de Trump: seguridad electoral y control político
El impulso detrás de este litigio no es casual. Desde las elecciones de 2020, Donald Trump ha convertido el voto por correo en uno de sus principales frentes políticos, argumentando —sin evidencia concluyente en los tribunales— que este sistema facilita el fraude.
Su propuesta va más allá del caso judicial: incluye una legislación federal para endurecer los requisitos de voto, como exigir documentos específicos (pasaporte o certificado de nacimiento) para registrarse. También ha defendido la idea de “nacionalizar las elecciones”, es decir, imponer reglas federales uniformes que limiten la autonomía de los estados.
Este enfoque supone un giro relevante en un sistema históricamente descentralizado, donde cada estado define sus propias normas electorales.
Durante la audiencia, las tensiones ideológicas del tribunal quedaron claras. Los jueces conservadores plantearon dudas sobre la integridad del proceso si se aceptan votos después del cierre oficial, mientras que el bloque progresista defendió el derecho de los estados a fijar sus propias reglas.
El debate también gira en torno al equilibrio entre seguridad electoral y acceso al voto. Limitar el voto por correo podría afectar especialmente a colectivos como militares en el extranjero, personas mayores o ciudadanos en zonas rurales. Además, varios magistrados advirtieron del riesgo de generar confusión si se modifican las reglas a pocos meses de las elecciones de medio mandato en noviembre, lo que podría derivar en litigios adicionales y cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados.
Impacto potencial: un cambio sistémico
Una sentencia contra la ley de Misisipi no representaría un ajuste menor, sino un cambio sistémico capaz de invalidar normas similares en numerosos estados y reducir significativamente el uso del voto por correo. Asimismo, este fallo reforzaría el control federal sobre los procesos electorales, alterando potencialmente la participación de millones de votantes.
En términos políticos, también podría beneficiar estrategias electorales más centradas en el voto presencial, tradicionalmente más favorable a ciertos segmentos del electorado.
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, prevista para antes del verano, llega en un momento de alta polarización política. Más que resolver un conflicto legal, el tribunal se enfrenta a una cuestión estructural: definir el equilibrio entre integridad electoral y la autonomía estatal. @mundiario