El Senado de EE UU aprueba por la mínima la ley fiscal de Trump tras una agónica votación
Con apenas un voto de diferencia y tras una maratónica sesión legislativa, el Senado de Estados Unidos aprobó finalmente el martes la ambiciosa y polémica reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump. Bautizada como "Una Gran y Hermosa Ley" (One Big Beautiful Bill), la ley representa el eje de su agenda económica interna y ha sido objeto de intensos forcejeos políticos, ajustes de última hora y duras críticas por su posible impacto fiscal y social.
La votación, que resultó en un empate 50-50 resuelto por el vicepresidente J.D. Vance, se logró tras cuatro días de negociaciones agotadoras, propuestas de enmiendas y concesiones estratégicas para asegurar el respaldo de senadores clave. Entre las modificaciones destacadas figura un fondo especial para hospitales rurales, que enfrentaba recortes en el proyecto de ley, el cual se incrementó a 50 mil millones de dólares, frente a los 25 mil millones anteriores. Además, se eliminó la concesión de beneficios fiscales a proyectos eólicos y solares.
Aun así, tres senadores republicanos —Rand Paul, Thom Tillis y Susan Collins— se unieron a los demócratas en el rechazo, preocupados principalmente por el aumento de la deuda nacional y los profundos recortes sociales en sus estados.
La iniciativa expande y profundiza los recortes de impuestos establecidos en 2017, eliminando gravámenes sobre propinas y horas extra, una medida que Trump ha presentado como una victoria para la clase trabajadora. Pero el texto también incluye provisiones de gasto millonario: financia con cientos de miles de millones de dólares el plan de deportaciones masivas, aumenta el presupuesto de defensa y eleva el techo de deuda nacional en 5 billones de dólares.
Para compensar parcialmente el gasto, la ley contempla recortes por más de 900.000 millones de dólares a Medicaid —programa de salud pública para personas con bajos ingresos— y al sistema de cupones de alimentos (SNAP). Aun así, la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que la propuesta añadirá 3.3 billones al déficit en la próxima década y dejará sin cobertura médica a casi unos 12 millones de personas para 2034.
Negociaciones y acrobacias de vértigo en el Senado.
La recta final de la aprobación en la Cámara Alta estuvo marcada por un intenso voto-o-rama, un maratón legislativo, que esta vez duró más de 27 horas, en el que se votaron múltiples enmiendas. El líder de la mayoría republicana, John Thune, logró sellar el respaldo necesario solo tras una madrugada de infarto. Los esfuerzos se centraron en senadores indecisos como Lisa Murkowski (Alaska), quien terminó votando a favor tras obtener concesiones específicas para su estado, pese a manifestar reparos sobre los recortes a los programas sociales.
El proyecto de ley final incluía dos disposiciones que ayudaron a asegurar su voto: una que envía más fondos de ayuda alimentaria a Alaska y a varios otros estados, y la que proporciona esos 50 mil millones de dólares para ayudar a los hospitales rurales a hacer frente a los drásticos recortes en Medicaid.
Por otro lado, Josh Hawley (Misuri), quien había coqueteado con la oposición para conseguir sus propias concesiones, finalmente votó a favor. En cambio, Susan Collins (Maine), otra figura clave a quien los republicanos intentaron persuadir durante días, mantuvo su negativa, argumentando que los recortes sociales eran demasiado severos y que el proyecto “iba más allá de lo que podían corregir con enmiendas”.
Ahora, la Cámara Baja
Con el Senado ya en la columna del “sí”, Trump ha centrado ahora su presión sobre la Cámara de Representantes, donde la versión original fue aprobada por la mínima en mayo (215-214) y donde los cambios del Senado obligan a una nueva votación. La situación es tensa: sectores del Freedom Caucus, el ala más dura del Partido Republicano, critican el tamaño del gasto aprobado y algunos exigen más recortes en compensación. Por otro lado, los republicanos moderados expresan su preocupación por los efectos sociales de estos recortes, especialmente en sus distritos de bajos ingresos.
A esto se suma la resistencia de legisladores republicanos de estados con altos impuestos —como Nueva York, Nueva Jersey y California— que reclaman mayores deducciones para los pagos estatales y locales.
A pesar del escenario incierto, Trump mantiene la presión. Ha exigido públicamente que la ley llegue a su escritorio antes del 4 de julio, Día de la Independencia, en lo que considera un símbolo de su “agenda América Primero”. El presidente ha desplegado una intensa campaña de comunicación, tildando su propuesta de “gran victoria” que “beneficiará a todos los estadounidenses”.
Aunque la aprobación en el Senado representa un avance significativo para Trump, la votación en la Cámara Baja —donde los republicanos cuentan con una mayoría de solo ocho escaños— promete ser igual de reñida, y la presión desde la Casa Blanca será más intensa. El presidente cuenta con la disciplina del partido y la cercanía de la fecha simbólica para presionar a los indecisos, pero el riesgo de una fractura interna sigue latente. @mundiario