El precio de defender las instituciones: lo que EE UU aún no ha resuelto del 6 de enero

El 6 de enero de 2021 no fue una protesta que se descontroló ni una anécdota exagerada por los medios. Fue un intento real de interrumpir la transferencia pacífica del poder en la mayor democracia occidental. Mientras el Congreso certificaba la victoria electoral de Joe Biden, una multitud convencida de una mentira asaltó el Capitolio. No lo hizo por azar, sino empujada por un relato que llevaba semanas fermentando. Aquilino Gonell, entonces sargento de la Policía del Capitolio, estuvo en primera línea. Su afirmación es tan contundente como incómoda si no hubiera sido por los agentes, Estados Unidos hoy no sería una democracia funcional.

Conviene explicarlo con claridad. La certificación electoral es un trámite legal, no una formalidad simbólica. Si ese proceso se interrumpe bajo coacción, el sistema entero se tambalea. Lo que sostuvo aquel día a las instituciones no fue un discurso solemne, sino cuerpos anónimos interpuestos entre la turba y los representantes electos. Como un dique improvisado frente a una riada, la policía contuvo algo más que violencia, contuvo un precedente.

El coste humano que nadie quiso pagar

Gonell no es un icono, es un funcionario que cumplió su deber y pagó un precio desproporcionado. Golpeado, lesionado y finalmente incapacitado, hoy sobrevive con una pensión reducida mientras algunos de sus agresores han sido indultados y blanqueados como supuestos patriotas. Aquí surge una pregunta incómoda: ¿por qué el sistema protege con mayor diligencia a quienes lo atacan que a quienes lo defendieron?

La respuesta tiene más que ver con el cálculo político que con la justicia. Reconocer plenamente lo ocurrido implicaría asumir responsabilidades, aceptar que la desinformación mata y que el poder mal usado erosiona las instituciones desde dentro. El trauma de los agentes, incluidos los suicidios posteriores, no es un daño colateral inevitable, es una consecuencia directa de la negación y del silencio.

Memoria democracia y responsabilidad política

Cinco años después, el mayor riesgo no es repetir el asalto, sino normalizarlo. Cuando se dice que no pasó nada, se está diciendo que la violencia es tolerable si sirve a determinados fines. La comisión del Congreso documentó con detalle lo sucedido, las pruebas existían y aun así el proceso judicial se diluyó entre tecnicismos e inmunidades. La impunidad no fue un accidente, fue una decisión.

La democracia no se rompe de golpe, se agrieta cuando se relativizan los hechos y se desacredita a quienes los vivieron. Gonell defendió por igual a congresistas de todos los partidos porque entendió algo esencial: las instituciones no son de quien gobierna, sino de toda la ciudadanía. Olvidar eso es abrir la puerta a que el próximo asalto no encuentre un dique, sino un pasillo libre.

Cerrar esta herida exige algo más que pasar página. Exige verdad, reparación y una pedagogía democrática que explique por qué aquel día importa. Sin memoria no hay aprendizaje y sin aprendizaje la historia deja de ser advertencia para convertirse en ensayo general. @mundiario