Petro redobla su ofensiva tras el atentado a Miguel Uribe con la imposición de su consulta popular

El atentado contra el senador opositor Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado, parecía marcar un punto de inflexión en el convulso tablero político de Colombia. Sin embargo, lejos de congelar su estrategia, el presidente Gustavo Petro ha respondido con una vigorosa contraofensiva política. Este miércoles firmó y defendió públicamente un controvertido decreto que convoca a una consulta popular para imponer sus reformas laborales y de salud, a pesar del rechazo explícito del Senado y de las advertencias de numerosos sectores jurídicos y sociales sobre su presunta inconstitucionalidad.

La escena en Cali fue tan simbólica como potente: una plaza pública abarrotada coreando “reelección, reelección” mientras el mandatario hablaba de su proyecto de transformación nacional. Aunque Petro negó querer permanecer en el poder más allá de su mandato, pidió a los colombianos “reelegir el proyecto del cambio”, en un mensaje que, para la oposición, resuena como una campaña anticipada de tintes plebiscitarios.

Este retorno al activismo callejero se da en un contexto particularmente delicado. El atentado contra Uribe Turbay, que permanece en estado crítico, ha tensionado aún más una coyuntura ya marcada por la polarización, así como el regreso de la violencia al país, como se vivió en carne propia. Cali,a ciudad en la costa del Pacífico colombiano fue sacudida por una ola de atentados terroristas de las guerrillas esta semana. El presidente, si bien dedicó un minuto de silencio por el senador Uribe Turbay, volvió a vincular su situación personal con la existencia de un supuesto complot internacional, mencionando incluso al secretario de Estado de EE UU Marco Rubio y sugiriendo que la extrema derecha colombiana estaría aliada con el narcotráfico para orquestar un golpe de Estado en su contra.

“Dice un presidente vecino que el señor Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí (…) yo también tengo informaciones, y sé que cierta persona líder de la extrema derecha ha estado hablando con el secretario de Estado. Y también sé que hay una grabación por allí, que le puse escuchar a la Fiscal General de la Nación, en donde cierto dirigente de la extrema derecha de Colombia, que no es (Álvaro) Uribe, ojo, está aliado con el narcotráfico buscando que gentes, y fuerzas en Colombia, gremiales, y en Estados Unidos de la extrema derecha, produzcan un golpe de Estado en Colombia”, afirmó sin pruebas el mandatario, líder de la coalición de izquierdas Pacto Histórico.

La estrategia de Petro de convocar la consulta por decreto ha sido interpretada como una confrontación directa con el Congreso, que ya había negado el aval para realizarla, requisito indispensable según la Constitución colombiana. El mandatario, sin embargo, insiste en que se trata de una necesidad “imperativa y categórica” del pueblo, y ha amenazado con alternativas si el decreto es tumbado judicialmente: desde recoger ocho millones de firmas hasta convocar una Asamblea Nacional Constituyente, lo que ha elevado la alarma institucional.

La oposición denuncia un “autogolpe”

Numerosos sectores han calificado esta acción como un quiebre democrático. La oposición, encabezada por el propio Uribe Turbay en un mensaje grabado antes del atentado, ha denunciado la medida como un “autogolpe” y un acto “abiertamente ilegal”. Precandidatos presidenciales como Paloma Valencia o Vicky Dávila y expresidentes como Iván Duque y Andrés Pastrana han coincidido en que el decreto vulnera la separación de poderes. Incluso voces del centro político, como el alcalde liberal de Bogotá Carlos Fernando Galán y la senadora verde Angélica Lozano, han rechazado el proceder del Ejecutivo.

Lo que agrava la situación es que las críticas no provienen únicamente del espectro político. Organizaciones de la sociedad civil tradicionalmente cercanas a la izquierda, como Dejusticia, Pares o la Comisión Colombiana de Juristas, han pedido al presidente que se abstenga de expedir el decreto. En un comunicado conjunto, señalaron que la vía utilizada erosiona los principios constitucionales y pone en entredicho la legitimidad de la institucionalidad democrática.

Con este paso, el presidente ha consolidado un punto de inflexión: ya no se trata solo de una batalla por reformas, sino de un pulso institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, con el Poder Judicial como árbitro pendiente. La preocupación de que Petro esté abriendo la puerta a una constituyente o, en última instancia, a una deriva autoritaria, crece incluso entre antiguos aliados.

El país entra así en una nueva fase de tensión institucional. La defensa del “proyecto del cambio” se convierte en el centro de gravedad del discurso presidencial, mientras la oposición se agrupa en torno a la denuncia de un quiebre constitucional. Colombia, sacudida por la violencia política y la polarización, observa con inquietud cómo el debate democrático se encamina hacia un terreno cada vez más incierto. @mundiario