Petro lanza una consulta popular para desencallar sus grandes reformas de calado
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el martes su decisión de convocar una consulta popular para que los ciudadanos decidan sobre el futuro de sus propuestas de reforma laboral y reforma a la salud. La medida se da luego del virtual hundimiento del proyecto de reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, lo que ha generado una fuerte reacción del mandatario.
Petro ha acusado a los congresistas opositores de bloquear sistemáticamente su agenda legislativa y ha respondido con una llamada a la movilización ciudadana. “Al bloqueo institucional se le responde con democracia real, y la decide el pueblo”, declaró en una alocución presidencial. Su anuncio representa un desafío político significativo, ya que el mecanismo de consulta popular es poco utilizado en Colombia y genera múltiples interrogantes sobre su viabilidad y alcance.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno busca mejorar las condiciones de los trabajadores, aumentando sus derechos y garantizando estabilidad laboral, según la Casa de Nariño. Sin embargo, la oposición argumenta que la propuesta encarecería los costes de contratación y fomentaría la informalidad y el desempleo. El rechazo en la Comisión Séptima del Senado ha sido interpretado por Petro como un bloqueo político que pone en riesgo una de sus principales promesas de campaña.
En respuesta a esta situación, el presidente recurrió a sus redes sociales para expresar su descontento y horas después hizo el anuncio de la consulta popular. Según explicó, el trámite de la consulta pasará por el Senado en plenaria, donde los legisladores deberán decidir si se convoca a las urnas para pronunciarse sobre estas reformas.
¿Qué es una consulta popular y cómo funciona?
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana en el que los ciudadanos votan de manera directa sobre un tema de interés nacional, regional o local. A diferencia de un referéndum, la consulta no genera una norma de manera automática, pero sí obliga a las instituciones del Estado a tomar medidas en función del resultado.
Para convocar la consulta, el Gobierno tiene la potestad de hacerlo mediante un decreto firmado por el presidente y todos sus ministros. El documento debe incluir preguntas claras y concisas que permitan a los ciudadanos responder con un “sí” o un “no”. Posteriormente, el Senado debe debatir y aprobar la consulta antes de que se fije una fecha para su votación.
Si el Senado aprueba la convocatoria, el presidente tendrá un plazo de ocho días para expedir un decreto con la fecha de la votación. La ley establece que la consulta debe realizarse en un periodo máximo de tres meses después de su aprobación en el Congreso. Esto significa que, en caso de avanzar rápidamente en su trámite, la consulta podría celebrarse en julio de 2025.
Para que la consulta sea válida, deberá superar un umbral de participación equivalente a un tercio del censo electoral. Actualmente, Colombia cuenta con 40.963.370 votantes registrados, por lo que al menos 13.654.457 personas tendrían que participar en la consulta para que el resultado tenga efectos vinculantes.
Reacciones y perspectivas políticas
La oposición ha interpretado el anuncio de Petro como un intento de presión sobre el Congreso y un desafío a la separación de poderes. La congresista Katherine Miranda, de la Alianza Verde, celebró el hundimiento de la reforma laboral y anticipó que lo mismo ocurrirá con la reforma de la salud. Petro, en respuesta, cuestionó la postura de Miranda y de otros legisladores, acusándolos de actuar en contra de los derechos laborales de los colombianos.
El presidente ha insistido en que su Gobierno está siendo objeto de un “bloqueo institucional” y ha justificado la consulta popular como una vía para destrabar su agenda de reformas. Sin embargo, algunos analistas ven en esta estrategia una maniobra política para consolidar su base de apoyo con miras a las elecciones de 2026, en las que espera que un candidato afín continúe con su legado.
Colombia ha realizado múltiples consultas populares a nivel local, principalmente para decidir sobre proyectos mineros y ambientales. Sin embargo, a nivel nacional, el antecedente más relevante es la consulta anticorrupción de 2018 que. aunque obtuvo un respaldo masivo, no logró superar el umbral de participación necesario para ser vinculante.
El éxito de la consulta propuesta por Petro dependerá de múltiples factores, incluyendo la aprobación del Senado, la claridad de las preguntas formuladas y la capacidad del Gobierno para movilizar a un número significativo de votantes. En caso de ser aprobada y superar el umbral de participación, el Congreso tendría hasta mediados de 2026 para implementar las reformas o, en su defecto, Petro podría expedir un decreto con fuerza de ley antes de finalizar su mandato. @mundiario