K-pop y películas: la ONU desglosa las consecuencias de contactar al extranjero en Corea del Norte
Corea del Norte vuelve a estar en el centro de la atención internacional tras la publicación de un informe de la ONU que documenta un incremento significativo en la aplicación de la pena de muerte. Según el organismo, desde 2020 se han multiplicado las ejecuciones públicas de ciudadanos acusados de consumir o difundir material cultural extranjero, como series surcoreanas (K-dramas), películas occidentales o música considerada “hostil” (K-pop). Este fenómeno refleja el esfuerzo del Gobierno norcoreano por blindar a la población frente a cualquier influencia externa que pueda cuestionar la narrativa oficial.
El documento, basado en entrevistas con más de 300 personas que huyeron del país entre 2014 y 2025, describe un endurecimiento de la represión en todos los aspectos de la vida social. Las leyes adoptadas desde 2015 han ampliado las causas que justifican la pena de muerte y han institucionalizado los trabajos forzados, una práctica a la que son especialmente vulnerables los huérfanos y los miembros de familias pobres. Según el informe, los castigos tienen un componente ejemplarizante: las ejecuciones se realizan en público con el objetivo de disuadir a posibles infractores.
La ONU subraya que el acceso a información no controlada por el Estado sigue siendo casi inexistente. Internet está restringido a una intranet doméstica y el consumo de medios extranjeros se castiga de forma implacable. Testimonios de desertores relatan que la vigilancia se ha intensificado desde la pandemia de la COVID-19 y que incluso los desplazamientos dentro del país requieren permisos especiales. Esta combinación de aislamiento físico e informativo convierte a Corea del Norte en uno de los entornos más cerrados del planeta.
El alto comisionado Volker Türk calificó los últimos diez años como “una década perdida” para los derechos humanos en el país. A su juicio, si la situación no cambia, la población seguirá sumida en un ciclo de represión y miedo. Las entrevistas realizadas revelan un fuerte deseo de cambio, sobre todo entre los jóvenes, aunque la posibilidad de expresarlo públicamente es prácticamente nula por el riesgo de represalias.
El informe también destaca el agravamiento de la inseguridad alimentaria. Más del 40 % de la población está desnutrida y muchas familias no pueden comer más de una vez o dos al día. Las causas son múltiples: una producción agrícola insuficiente, fenómenos climáticos extremos y el impacto de las sanciones internacionales por el programa nuclear de Pyongyang. Estas condiciones refuerzan la dependencia de la población respecto al Estado, que distribuye los alimentos de manera desigual y en ocasiones condicionada a la lealtad política.
Aunque en el exterior Kim Jong-un busca proyectar una imagen de estadista —como en su visita reciente a Pekín y sus reuniones con líderes de China y Rusia—, el informe muestra que dentro de sus fronteras ha consolidado un sistema de control total. Las sesiones obligatorias de autocrítica, la propaganda constante y la vigilancia comunitaria forman parte de una estrategia para eliminar cualquier disenso.
El aislamiento internacional de Corea del Norte, lejos de moderarse, se ha profundizado. Si bien ha estrechado lazos con Moscú y ha participado en intercambios limitados con Pekín, el país mantiene cerradas la mayoría de sus fronteras y controla estrictamente el movimiento de personas y mercancías. La ONU advierte que este aislamiento tiene un coste humano enorme, ya que impide la llegada de ayuda humanitaria suficiente para paliar la crisis alimentaria.
Por su parte, Corea del Norte declaró que rechazaba una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que autorizaba el último informe. @mundiario