La ONU acusa a Israel de genocidio en Gaza

La palabra “genocidio” no se emplea a la ligera en el derecho internacional. Nació para describir la barbarie del siglo XX y se convirtió en la figura penal más grave que reconoce la humanidad. Que Naciones Unidas —a través de una comisión de investigación independiente— haya concluido que lo que está ocurriendo en Gaza constituye un genocidio coloca a Israel y a sus dirigentes en el epicentro de la mayor acusación posible contra un Estado. No es ya un debate terminológico ni una exageración militante: es el dictamen de un organismo creado precisamente para evitar que la historia se repita.

El informe identifica con nombres y apellidos a Isaac Herzog, presidente del Estado; a Benjamín Netanyahu, primer ministro; y a Yoav Gallant, exministro de Defensa. Según los investigadores, no se trata solo de responsabilidad indirecta, sino de incitación explícita y sostenida al exterminio de la población palestina. El documento subraya que cuatro de los cinco criterios recogidos en la Convención para la Prevención del Genocidio se cumplen de manera inequívoca: asesinatos sistemáticos, daños físicos y psicológicos de carácter masivo, condiciones de vida deliberadamente diseñadas para aniquilar al grupo, e imposición de medidas que impiden la reproducción natural de la población. La conclusión es inequívoca: la intención genocida no es una conjetura, es un hecho acreditado.

La reacción de Israel ha sido, como en ocasiones anteriores, de rechazo tajante. Netanyahu insiste en el derecho a la defensa frente al terrorismo de Hamás, pese a que los datos revelan que el grueso de las víctimas son civiles, y que las operaciones militares han desmantelado no ya la infraestructura armada de Gaza, sino también sus hospitales, escuelas, viviendas y lugares de culto. La insistencia en la narrativa de “objetivos terroristas” se enfrenta, por tanto, a la constatación de una realidad devastadora: decenas de miles de muertos, hambre como arma de guerra y un territorio convertido en ruinas.

El peso del informe no reside solo en su contenido, sino en su contexto. Desde hace meses, múltiples voces —desde la relatora especial Francesca Albanese hasta gobiernos como el de Sudáfrica o España— han calificado la ofensiva israelí como genocidio. Organizaciones de prestigio como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras o incluso colectivos israelíes de derechos humanos han llegado a la misma conclusión. Pero ahora es la ONU la que, por primera vez, utiliza formalmente esa palabra con todas sus implicaciones jurídicas.

Lo que está en juego es mucho más que un informe de 72 páginas: se trata de la credibilidad misma de la comunidad internacional. Si la acusación más grave reconocida por el derecho internacional puede ser ignorada sin consecuencias, el sistema de protección de derechos humanos quedará reducido a papel mojado. En otras palabras, la cuestión no es solo qué está haciendo Israel en Gaza, sino qué están dispuestos a permitir el resto de los Estados.

El informe exige un alto el fuego inmediato, el levantamiento del bloqueo y el acceso libre de la ayuda humanitaria. Pero detrás de estas demandas urgentes late una pregunta incómoda: ¿qué ocurre si Israel, respaldado por Estados Unidos y parte de Europa, se niega a cumplirlas? ¿Qué mecanismos reales existen para frenar un genocidio en curso cuando quien lo perpetra es un aliado estratégico de Occidente?

La historia juzgará no solo a Netanyahu, Herzog y Gallant, sino también a los líderes internacionales que, conociendo la magnitud del crimen, decidieron mirar hacia otro lado. Lo que se debate ya no es la seguridad de un Estado, sino la vigencia del derecho internacional, la coherencia moral de la comunidad internacional y, en última instancia, la capacidad del ser humano de aprender de sus tragedias pasadas. @mundiario