Ante una Casa Blanca pasiva, Maxwell se resiste a la publicación de las transcripciones del gran jurado
Más de un año después del juicio que condenó a Ghislaine Maxwell a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores, el caso Epstein vuelve a tensar el debate público y político de EE UU. Esta vez, el foco está puesto en los testimonios del gran jurado que avalaron la acusación contra ella, cuya desclasificación ha sido solicitada por el Departamento de Justicia, pero enfrenta ahora una férrea oposición por parte de la defensa de Maxwell.
En un escrito presentado esta semana, los abogados de la exasociada del millonario Jeffrey Epstein argumentaron que divulgar esas transcripciones violaría los principios fundamentales del debido proceso. El documento, firmado por su abogado David Markus, advierte de que Maxwell “no está muerta como Epstein, y todavía conserva derechos legales”. Según la defensa, abrir esas actas —en su mayoría testimonios de agentes policiales sin la posibilidad de contrainterrogatorio— equivaldría a permitir que una versión no contrastada y potencialmente cargada de rumores influya en la percepción pública y afecte su apelación en curso.
Este debate se produce mientras la Casa Blanca, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, desacelera su anteriormente declarada intención de promover transparencia sobre el caso Epstein. Aunque Trump había ordenado en julio al Departamento de Justicia buscar la desclasificación de los testimonios del gran jurado, fuentes cercanas al Ejecutivo, citadas por CNN, afirman que el tema ha perdido impulso en la agenda presidencial. Funcionarios de alto nivel consideran que la atención pública ha disminuido, y algunos asesores temen que volver a abrir el tema podría reavivar controversias y especulaciones que han dañado políticamente a aliados del mandatario.
El fiscal general adjunto Todd Blanche se reunió en julio con Maxwell, supuestamente para explorar si podría ofrecer información sobre otras personas vinculadas a crímenes sexuales relacionados con Epstein. Hasta ahora, ninguna de las partes ha revelado detalles sustantivos de ese encuentro, y desde entonces, el Gobierno ha evitado confirmar si planea utilizar su cooperación como moneda de cambio.
¿Qué contienen los documentos?
El Departamento de Justicia sostiene que gran parte del contenido de las transcripciones ya es de dominio público, ya sea porque se reveló durante el juicio o porque fue difundido por víctimas y testigos a lo largo de los años. No obstante, el interés en acceder a las actas completas persiste debido a la opacidad que aún rodea a la red de contactos y posibles cómplices de Epstein.
Pese a la atención mediática sobre una supuesta “lista de clientes” —que ahora es negada por el Departamento de Justicia—, lo cierto es que los documentos que ahora busca liberar el Gobierno contienen solo el testimonio de dos agentes de la ley, sin participación directa de víctimas. Eso limita en parte la expectativa de revelaciones explosivas, aunque no elimina el valor simbólico ni político de su divulgación.
La defensa de Maxwell insiste en que el intento de desclasificación es innecesario y desproporcionado. Alegan que se trata de un ejercicio de presión pública disfrazado de transparencia judicial, y que podría perjudicar la apelación que tiene previsto elevar al Tribunal Supremo en septiembre. En paralelo, dentro del Departamento de Justicia, el debate gira en torno a si divulgar ahora estos materiales ayudaría a cerrar el caso en términos de narrativa, o si, por el contrario, volvería a ponerlo en el centro del debate político justo cuando la Administración busca salir del marrón.
En los últimos meses, varios aliados de Trump que en su momento exigieron abrir los archivos relacionados con Epstein han moderado su discurso. Algunos ocupan ahora puestos clave dentro del Gobierno, y enfrentan el dilema de balancear la expectativa de justicia con los riesgos de revivir acusaciones que afecten a la Administración.
¿Control de daños o desinterés?
Según reportan los medios estadounidenses, el tema se ha transformado en una cuestión de manejo de imagen más que de justicia sustantiva. Fuentes dentro de la Casa Blanca admiten que parte del equipo de Trump está interesado en retomar el control de la narrativa, pero dudan de que una divulgación parcial o mal gestionada de documentos logre cerrar el capítulo. Más aún, las redes sociales y los medios alternativos conservadores continúan alimentando teorías que, a pesar de la exigencia del presidente de lo contrario, relacionan a personalidades del mundo político, empresarial y del entretenimiento con Epstein.
Por ahora, Maxwell ha sido trasladada a una prisión de menor seguridad en Texas, sin que se haya explicado públicamente el motivo del cambio. Mientras tanto, sus abogados intensifican la estrategia de litigio para evitar nuevas revelaciones, bajo el argumento de que cualquier material adicional pondría en riesgo no sólo su situación legal actual, sino su derecho a una apelación justa.
Aunque Epstein está muerto y Maxwell ya ha sido condenada, el caso permanece abierto en términos simbólicos y políticos. La resistencia de su defensa a la desclasificación de los documentos del gran jurado subraya el delicado equilibrio entre los intereses judiciales, la presión pública por saber más y las tensiones internas dentro de un Gobierno que prometió esclarecer el caso pero ahora se enfrenta al desgaste de mantener ese compromiso.@mundiario