La Fiscalía de Bolivia solicita prisión preventiva para Evo Morales por presunto abuso
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta una solicitud de prisión preventiva por seis meses tras ser formalmente imputado en un caso por presunto abuso sexual y trata de personas. Las acusaciones, que incluyen alegaciones de haber tenido una hija con una menor de edad como resultado de un cambio por favores políticos, agravan la crisis política en el país y tensan aún más las relaciones dentro del Movimiento al Socialismo (MAS).
La Fiscalía de Bolivia, encabezada por el fiscal general Roger Mariaca, anunció que solicitará la detención preventiva de Evo Morales en el marco de una investigación por "trata de personas para facilitar la prostitución". Según la fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, el expresidente habría mantenido una relación con una menor de 15 años en 2016, cuando aún gobernaba el país. Las autoridades alegan que los padres de la adolescente también participaron en el acuerdo, recibiendo favores políticos y económicos.
El caso, que fue inicialmente investigado en 2019 sin resultados, se reabrió hace tres meses en medio de un enfrentamiento interno en el MAS entre Morales y el actual presidente, Luis Arce.
Desde octubre, Morales ha permanecido en la región del Chapare, su base política y cocalera, desafiando la orden de arresto emitida en su contra. Según Gutiérrez, la captura del expresidente se ha visto dificultada por "resistencia organizada y dificultades logísticas" en esta zona, conocida por la fuerte influencia de las federaciones campesinas que Morales lidera desde hace décadas.
El Chapare es una región estratégica y, en muchos casos, inaccesible para las fuerzas del orden, lo que complica cualquier intento de detención. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que la Policía tiene la capacidad de ejecutar la orden contra Morales, aunque no especificó cuándo se llevaría a cabo.
El caso se desarrolla en un contexto de divisiones internas en el MAS. Morales ha acusado al Gobierno de Luis Arce de practicar "lawfare" y de intentar asesinarlo durante un operativo policial en octubre. A su vez, el Gobierno ha enfatizado que las acciones legales contra Morales son independientes de cualquier motivación política.
El senador Leonardo Loza, aliado cercano de Morales, calificó las acusaciones como "absolutamente políticas" y aseguró que el expresidente asistirá a un evento masivo en el Chapare para conmemorar el aniversario de su llegada al poder hace 19 años.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentra un certificado de nacimiento que supuestamente vincula a Morales con la menor, así como cargos otorgados a los padres de la adolescente en el aparato estatal. Sin embargo, la supuesta víctima no ha declarado y permanece en la clandestinidad junto con su madre.
El padre de la menor, por su parte, está bajo arresto desde octubre. Este vacío de declaraciones directas y las acusaciones basadas en documentación han generado dudas entre sectores de la sociedad y defensores de Morales, quienes argumentan que el caso carece de pruebas contundentes.
El proceso legal contra Morales podría tener profundas implicaciones para el futuro del MAS y la estabilidad política de Bolivia. Con las recientes elecciones judiciales concluidas, el fiscal general Mariaca parece dispuesto a avanzar en la causa, marcando un cambio en la tregua política de semanas anteriores.
Además, el caso reabre el debate sobre el uso de instituciones judiciales para dirimir conflictos políticos, una práctica que ha sido ampliamente criticada en América Latina.
Mientras Morales enfrenta un cerco judicial cada vez más estrecho, su capacidad de movilización popular en el Chapare podría complicar cualquier intento de detención. Por otro lado, las autoridades aseguran que no permitirán que el expresidente evada la justicia ni abandone el país.@mundiario