Evo Morales planta cara y enfrenta citación de la fiscalía: “No me voy a escapar”
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha sido citado por el Ministerio Público para declarar en una investigación por trata de personas y estupro, relacionada con una supuesta relación con una menor y su posterior embarazo durante su mandato. La citación, que ha generado gran controversia en el país, lo obliga a comparecer en la ciudad de Tarija el próximo jueves a las 10:00 hora local. Esta será una oportunidad clave para que Morales responda ante las acusaciones que han vuelto a salir a la luz en las últimas semanas.
El martes, durante una conferencia de prensa, Morales afirmó que enfrentará el caso legalmente y no tiene intención de evadir la justicia. "No me voy a escapar (...), ahora me toca defenderme legalmente con un equipo de abogados", aseguró el también líder del Movimiento Al Socialismo (MAS). "Anoche me llamaron, hay 200 abogados dispuestos a defenderme gratuitamente”, expresó.
El expresidente considera que este caso es parte de una "persecución judicial" promovida por el actual gobierno, en represalia por la marcha organizada en septiembre contra la administración del presidente Luis Arce. Aunque Morales y su equipo legal han calificado el proceso como un ataque político, aún no han negado formalmente las acusaciones sobre la comisión del delito.
Las autoridades bolivianas iniciaron la investigación en 2019, durante el gobierno interino de Jeanine Áñez, cuando surgieron denuncias sobre la supuesta relación entre Morales y una adolescente que habría quedado embarazada a los 16 años. Según los documentos presentados, en 2016 Morales habría tenido una hija con la menor, lo que constituye una de las principales pruebas en el caso. La partida de nacimiento fue emitida en 2018 en Yacuiba, una localidad fronteriza con Argentina.
La acusación también involucra a los padres de la adolescente, quienes presuntamente habrían recibido beneficios políticos a cambio de su complicidad en la relación. Esta situación ha puesto en el centro de atención no solo a Morales, sino también a las posibles redes de poder y favores que podrían haber facilitado los presuntos delitos.
El martes 8 de octubre, cuatro oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) notificaron formalmente al expresidente en su residencia de Cochabamba. Aunque en un principio se mostró reticente, Morales firmó la citación. Freddy Medinacelli, director de la FELCC, indicó que se cumplió con el procedimiento, a pesar de la resistencia inicial.
Las tensiones en torno a la citación de Morales también han provocado reacciones fuertes entre sus seguidores. Dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba advirtieron sobre posibles disturbios si Morales es detenido. Dieter Mendoza, uno de los líderes de las federaciones, señaló que la detención del exmandatario podría desencadenar "convulsión e insurgencia" en el país, responsabilizando al gobierno por las consecuencias.
La situación ha tenido repercusiones a nivel internacional. El Grupo de Puebla, compuesto por líderes de izquierda en América Latina, emitió un comunicado en defensa de Morales, calificando las acusaciones como una campaña de "lawfare" en su contra. Por su parte, el Foro de Madrid, integrado por partidos de derecha, criticó duramente esta postura y acusó al Grupo de Puebla de "avalar la pedofilia".
Este caso se desarrolla en medio de una crisis interna en el Movimiento Al Socialismo, donde Evo Morales y el presidente Luis Arce compiten por el control del partido y la candidatura para las elecciones presidenciales de 2025.@mundiario