Europa acelera la transferencia de los activos rusos: una apuesta compleja para sostener a Ucrania
En un momento en que la ayuda internacional a Ucrania muestra signos de fatiga, la Unión Europea trata de concretar todos los detalles de un paso sin precedentes: la transferencia de los activos rusos congelados para financiar la resistencia ucraniana. La medida, defendida desde la Comisión Europea y los países del Este, pretende crear un “préstamo de reparación” respaldado por unos 140.000 millones de euros procedentes de fondos inmovilizados en la entidad financiera Euroclear, con sede en Bélgica.
La iniciativa busca dar un salvavidas económico a Kiev, que, tras la reducción del apoyo estadounidense, enfrenta serias dificultades para mantener su estructura militar y económica. Bruselas plantea que Ucrania devuelva este préstamo solo cuando Rusia ponga fin a la guerra y compense los daños causados, una fórmula que pretende conciliar el rigor jurídico con la urgencia política.
Según el documento de trabajo de la Comisión Europea dado a conocer por El País, la propuesta no implica una confiscación directa de los activos rusos. La última propuesta de la Unión Europea implica utilizar activos soberanos rusos congelados como garantía para un préstamo, lo que supone un cambio respecto a un plan anterior que solo habría utilizado los beneficios e intereses generados por los activos. El préstamo tiene como objetivo cubrir las necesidades financieras de Ucrania para 2026 y 2027, incluyendo equipos militares y estabilización económica.
Bruselas insiste en que esta arquitectura financiera se ajusta al derecho europeo e internacional, subrayando que la medida es proporcional a la agresión en curso y que su carácter temporal se revocaría cuando Moscú cese las hostilidades y asuma su responsabilidad por los daños. En teoría, el esquema permitiría generar alrededor de 45.000 millones de euros anuales entre 2026 y 2028, fondos que Ucrania destinaría a su reconstrucción y defensa.
Los obstáculos jurídicos y financieros
La propuesta, sin embargo, enfrenta importantes desafíos. Bélgica, que alberga la mayor parte de los activos —alrededor de unos 185.000 millones de euros—, teme quedar expuesta a demandas judiciales si en el futuro Rusia exige la devolución de los fondos. Para mitigar ese riesgo, la Comisión propone un mecanismo de garantías compartidas entre los Estados miembros.
El Banco Central Europeo (BCE) también ha expresado reservas, advirtiendo de que esta iniciativa podría erosionar la confianza internacional en el euro como divisa de reserva, si se percibe como una vulneración de la seguridad jurídica. Bruselas, consciente de este riesgo, ha enfatizado su compromiso con la legalidad y con la protección de los derechos de propiedad, argumentando que no se trata de un acto confiscatorio, sino de una movilización controlada de fondos inmovilizados.
A pesar de los recelos, el respaldo a la propuesta crece. Varios Estados miembros —incluidos Alemania, Francia y Polonia— apoyan avanzar hacia un acuerdo final antes de que termine el año. Si el calendario se cumple, Ucrania podría empezar a recibir los fondos a partir de abril de 2026.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha celebrado los progresos en Bruselas y confía en que la decisión política se adopte pronto. Según declaró en una reciente cumbre de los Veintisiete, Kiev necesita los recursos “a principios de 2026” para sostener la defensa y desarrollar su industria militar. Zelenski subrayó que los fondos se destinarán “no solo a fines humanitarios, sino también a la defensa y la producción de armamento”, una señal clara de que la prioridad sigue siendo el frente bélico.
El delicado equilibrio de Bruselas
El proyecto europeo también busca coordinarse con otros socios del G7. El Reino Unido y Canadá ya han expresado su apoyo a medidas similares, mientras que Estados Unidos y Japón evalúan aún su viabilidad legal. En conjunto, los países del G7 retienen decenas de miles de millones en activos rusos congelados, lo que sugiere un potencial de acción conjunta si se logra consenso político.
Rusia, por su parte, ha calificado la iniciativa como una “confiscación encubierta” y amenaza con represalias económicas, incluyendo la expropiación de activos extranjeros en su territorio, medida que no es una novedad. Moscú argumenta que el uso de sus fondos soberanos vulnera los principios de inviolabilidad de la propiedad estatal y del sistema financiero internacional.
Para la Unión Europea, el desafío consiste en equilibrar el imperativo político de apoyar a Ucrania con la necesidad de mantener la confianza de los mercados internacionales. La propuesta de la Comisión refleja una apuesta calculada: usar la ingeniería financiera como instrumento de presión estratégica sin quebrantar las normas que rigen la propiedad estatal.
La medida también redefine el papel de la UE como actor geopolítico. Bruselas, que durante años evitó asumir un liderazgo directo en conflictos armados, parece decidida a consolidar su posición como garante de la estabilidad europea y defensora del orden internacional frente a la agresión rusa.
El uso de los activos rusos congelados simboliza un nuevo paradigma en la política europea: el paso de la respuesta sancionadora a la acción financiera directa. Si tiene éxito, sentará un precedente sin igual en el derecho internacional y fortalecerá el papel de la UE como actor soberano en materia de seguridad y economía global.