EE UU pretende deportar al inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego a Uganda tras ser liberado de prisión
El inmigrante salvadoreño deportado por error, Kilmar Ábrego García, vuelve a estar en el centro de la polémica sobre la política migratoria del presidente de EE UU Donald Trump. Tras haber sido liberado de una cárcel en Tennessee el pasado viernes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos notificó a sus abogados que podría ser deportado en cuestión de días, no a El Salvador, como ocurría en el pasado, ni a Costa Rica, como se había negociado en un acuerdo fallido, sino a Uganda, un país con el que no tiene vínculo alguno. La decisión, impulsada bajo la Administración Trump, ha generado nuevas denuncias por parte de su defensa y expone las contradicciones en el manejo del caso.
El caso de Abrego García se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto en la agenda de inmigración del presidente Donald Trump después de que fuera deportado por error a El Salvador en marzo, a pesar de la determinación previa de un juez de que enfrentaba un “temor bien fundado” de violencia allí. Ante una orden judicial, y el dictamen del Tribunal Supremo, la Administración Trump lo trajo de vuelta a Estados Unidos en junio, solo para detenerlo por cargos de tráfico de personas y así justificar un nuevo proceso deportación.
Los fundamentos de la nueva acusación se basan en el momento en que Ábrego García fue detenido en Tennessee en 2022, tras un control rutinario de tráfico. La policía lo detuvo por exceso de velocidad y descubrió que viajaba con nueve pasajeros en su automóvil, de los que se presume se trataron de migrantes. Aunque inicialmente se le dejó continuar solo con una advertencia, ahora se le acusa formalmente de tráfico de personas, cargos que él y sus abogados rechazan. En julio pasado, un juez dictaminó que podía esperar en libertad hasta el juicio, decisión que parecía abrirle un respiro después de meses de prisión preventiva.
Sin embargo, su excarcelación coincidió con un nuevo giro: el ICE notificó la intención de deportarlo a Uganda, a pesar de que Ábrego ya tenía desde 2019 una orden que impedía enviarlo a El Salvador por el riesgo de violencia en su contra.
Un acuerdo fallido y denuncias de la defensa
La controversia se agravó porque, justo antes de su liberación, el Gobierno le ofreció un acuerdo: aceptar su culpabilidad y ser deportado a Costa Rica. El país centroamericano incluso envió una carta garantizando que recibiría a Ábrego como inmigrante legal sin riesgo de detención. La propuesta, sin embargo, implicaba permanecer en prisión hasta recibir sentencia y declararse culpable de tráfico en EE UU, algo que el salvadoreño rechazó.
Pocas horas después, el anuncio de la posible deportación a Uganda encendió las alarmas. “Pese a haber recibido garantías del Gobierno de Costa Rica, minutos después de su liberación un representante de ICE informó a la defensa de que la intención era deportar al señor Abrego a Uganda”, afirmaron sus abogados en un escrito presentado ante el tribunal.
Los letrados sostienen que el caso es un ejemplo de persecución política y jurídica. “Solo puede haber una interpretación de estos hechos: el Departamento de Justicia, Seguridad Nacional y el ICE están usando su poder colectivo para forzar al señor Abrego a elegir entre declararse culpable y aceptar una relativa seguridad, o ser enviado a Uganda, donde su seguridad y libertad estarían bajo amenaza”, denunciaron.
La Fiscalía sostiene que Ábrego participó en una red de tráfico de personas, basándose en la detención de 2022. El salvadoreño, en cambio, se ha declarado inocente y ha solicitado que se desestimen los cargos. Su defensa argumenta que todo el proceso busca castigar su resistencia a ser deportado a El Salvador.
La Administración Trump ha indicado durante meses que si Abrego García sale de la cárcel, ICE podría detenerlo y solicitar su expulsión de Estados Unidos una vez más. El Gobierno ya ha dejado en claro que podría buscar legalmente la deportación de Abrego García a Uganda u otro “tercer país” que no sea El Salvador, una práctica que la Administración Trump ha utilizado cada vez más para inmigrantes indocumentados en los últimos meses.
Abrego García planea regresar a Maryland, donde vivía con su familia antes de su deportación en marzo. La jueza federal de Maryland, Paula Xinis, dictó el mes pasado que el Gobierno debe darle un aviso de 72 horas si planea iniciar los procedimientos de deportación. Sin embargo, no prohibió buscar su expulsión y dictaminó que los agentes de inmigración “pueden tomar cualquier acción que tengan disponible bajo la ley”. Ante las reticencias de los tribunales para aceptar una deportación exprés, la Casa Blanca continuó criticando a Ábrego el viernes, acusándolo de ser un miembro violento de una pandilla y atacando a los jueces por ser “activistas”.
“Él enfrentará la justicia por sus crímenes. Es un insulto para sus víctimas que esta magistrada de izquierda interviniera para devolverlo a las calles”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado. “García estará sujeto a monitoreo por tobillo para garantizar la seguridad del público estadounidense hasta que se puedan tomar más medidas”.
El caso Ábrego se ha convertido en un símbolo de la agenda migratoria de Donald Trump. La decisión de plantear su deportación a Uganda, un destino inusual y sin relación alguna con el acusado, alimenta la percepción de que se trata de una estrategia de presión para rectificar su error original al deportarlo. La defensa denuncia que Washington pretende obligar a Ábrego a aceptar un acuerdo de culpabilidad bajo la amenaza de un exilio forzado en África.@mundiario