EE UU pide al Supremo frenar la repatriación de un hombre deportado por error a El Salvador
La Administración del presidente de EE UU, Donald Trump, ha presentado este lunes una solicitud urgente al Tribunal Supremo para bloquear una orden judicial que le exige repatriar a un ciudadano salvadoreño residente en Maryland, Kilmar Abrego-García, quien fue deportado erróneamente a El Salvador, a pesar de una prohibición judicial previa.
El Departamento de Justicia argumentó que la jueza federal Paula Xinis excedió su autoridad al ordenar el retorno inmediato de Abrego García al país. Además, enfatiza que actualmente no está bajo custodia estadounidense y que el Gobierno no cuenta con mecanismos para garantizar su regreso desde una prisión en El Salvador.
A pesar de que la propia Administración ha admitido que Abrego-García nunca debió haber sido deportado, insiste en que la orden de la jueza Xinis es "manifiestamente ilegal", y la describe como parte de una serie de "medidas judiciales abusivas" que, según la Casa Blanca, han sido utilizadas para frenar la agenda migratoria del presidente Donald Trump.
En su apelación de emergencia ante el tribunal superior, el fiscal general adjunto, Dean John Sauer, cuestionó que un tribunal federal estadounidense pueda ordenar la liberación de un individuo bajo custodia de un Gobierno extranjero, lo que calificó como una violación de la soberanía extranjera.
La magistrada Xinis había dado a la Administración un plazo hasta la medianoche del lunes para "facilitar y efectuar" el regreso de Abrego-García a suelo estadounidense. En su fallo, subrayó que la detención y deportación del joven parecen ser "totalmente ilegales", y que las acusaciones que lo vinculan con la pandilla MS-13 son "vagas y sin corroboración alguna".
Abrego-García, de 29 años y sin antecedentes penales, contaba con un permiso válido del Departamento de Seguridad Nacional para trabajar en Estados Unidos. El joven se desempeñaba como aprendiz de hojalatero mientras se preparaba para obtener su licencia profesional, según su abogado. Además, su esposa es ciudadana estadounidense.
A pesar de que en 2019 un juez de inmigración había prohibido su deportación a El Salvador por riesgo de persecución por parte de pandillas, fue detenido y deportado el mes pasado. Posteriormente, el Departamento de Justicia reconoció en una audiencia que se trató de un error administrativo, y el abogado del caso, Erez Reuveni, fue retirado del mismo y suspendido por la fiscal general Pam Bondi por no "cuidar con celo los intereses de EE UU".
El caso ha generado fuertes críticas entre las asociaciones civiles y organizaciones de derechos humanos. El tribunal de apelaciones federal en Richmond, Virginia, rechazó una solicitud del Gobierno para frenar la orden judicial. En una opinión breve y contundente, el juez J. Harvie Wilkinson afirmó que: “no hay duda de que el Gobierno cometió un grave error en este caso”.
La Casa Blanca ha calificado públicamente la deportación como un simple "error administrativo", pero también ha intentado vincular a Abrego-García con la pandilla MS-13, una acusación que no ha sido respaldada con pruebas, según sus abogados.
En paralelo, la Administración Trump también ha pedido al Tribunal Supremo que le permita reanudar las deportaciones de migrantes venezolanos acusados de pertenecer a pandillas, enviándolos a la misma prisión salvadoreña en base a una controvertida ley de tiempos de guerra del siglo XVIII. @mundiario