Choque entre Colombia y Perú por la Isla Santa Rosa: claves del conflicto territorial en el Amazonas
La histórica rivalidad limítrofe entre Colombia y Perú ha vuelto al centro del debate político y diplomático. Esta vez, el foco está en una pequeña pero estratégica formación fluvial: la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, cerca del punto trifronterizo entre las regiones amazónicas de esos dos países y de Brasil.
Lo que en principio parece una disputa de baja intensidad, encierra tensiones de fondo que impactan la soberanía, la economía local y las relaciones bilaterales.
La isla Santa Rosa es una formación reciente producto del movimiento natural de sedimentos en el río más caudaloso del mundo. Esta dinámica hidrográfica ha dado origen a territorios no adjudicados explícitamente por tratados anteriores, como el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que fijó los límites entre ambos países tras el conflicto de Leticia.
Perú sostiene que la isla está plenamente integrada a su jurisdicción: forma parte del departamento de Loreto, provincia de Mariscal Ramón Castilla, y recientemente fue formalizada como nuevo distrito con alcalde propio. Por su parte, Colombia afirma que la isla nunca fue asignada oficialmente a la soberanía que ejerce Lima y que su presencia allí representa una “ocupación” irregular, violatoria del tratado.
La posición de Colombia
Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro ha sido enfático: “otra vez, el Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia” y pone en riesgo la actividad económica de Leticia, capital del departamento del Amazonas colombiano, que podría quedar sin acceso directo al canal principal del río.
El exdirector de Soberanía Territorial de la Cancillería, Diego Cadena Montenegro, reavivó la tensión al afirmar públicamente que Santa Rosa no está adjudicada, lo que generó protestas del Congreso peruano y provocó incluso amenazas de despliegue militar. Por su parte, la Cancillería colombiana ha reiterado que se debe reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (Comperif), encargada de asignar islas surgidas tras 1929.
La respuesta peruana
En Lima, la reacción fue inmediata. La Cancillería peruana calificó las declaraciones colombianas como una pretendida usurpación de su territorio. Según su versión, Santa Rosa forma parte de la isla de Chinería, que fue asignada al Perú por la comisión mixta en 1929.
“El Gobierno del Perú expresa su más firme y enérgica protesta respecto a las declaraciones del Gobierno de Colombia con relación a los derechos soberanos y actos de jurisdicción que ejerce legítima y legalmente el Perú de manera pública y permanente hace más de un siglo sobre la integridad de su territorio nacional”, expresó la Cancillería peruana a través de un comunicado.
Perú subraya que ejerce soberanía y jurisdicción plena sobre el área, amparada en actos de autoridad, presencia poblacional (con cerca de 3.000 habitantes) y administración local. La creación del nuevo distrito de Santa Rosa fue considerada por Colombia como una acción unilateral que ignora el proceso binacional de asignación.
Factores geográficos y estratégicos
El eje del conflicto radica también en las variaciones del cauce del río Amazonas. Tradicionalmente, el límite binacional sigue el punto más profundo del río, criterio establecido en el protocolo de 1934. Sin embargo, el cambio natural en el curso fluvial habría desplazado esa línea hacia el lado peruano, dejando a Leticia en una posición desventajosa con la isla de Santa Rosa más cerca de su margen ribereño, y con menos acceso a la ruta fluvial.
Para Colombia, esto representa una pérdida estratégica. Desde la década de 1970, Perú ha fortalecido su presencia en la isla, a pesar de las protestas diplomáticas. Hoy, podría traducirse en un hecho consumado, según expertos, si no se logra una solución basada en el derecho internacional.
El diferendo territorial ocurre en un contexto de relaciones frías entre ambos países. Desde la destitución del expresidente Pedro Castillo, el Gobierno de Dina Boluarte ha mantenido una postura distante con la administración Petro, quien inicialmente no reconoció su legitimidad y la acusó de dar un golpe de Estado. Perú retiró a su embajador en Bogotá en 2023 y solo restableció relaciones diplomáticas a inicios de 2025. @mundiario