Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para los presos políticos en Venezuela

El anuncio cayó como un golpe seco en un país acostumbrado a las medias verdades. Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, proclamó este viernes el impulso de una ley de amnistía general para los presos políticos, una medida que, de concretarse, podría cerrar —o reabrir— una de las heridas más profundas del chavismo en el poder. No fue un gesto menor ni una frase al pasar: la amnistía cubriría todo el periodo de violencia política desde 1999, es decir, toda la era chavista.

Rodríguez hizo el anuncio desde el Tribunal Supremo de Justicia, en un acto sin periodistas, envuelto en una escenografía de solemnidad institucional. “Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela”, dijo, apelando a la reconciliación y rechazando la violencia y la venganza. Según afirmó, la decisión fue discutida con Nicolás Maduro, el presidente depuesto tras su captura el pasado 3 de enero, un hecho que ha alterado por completo el tablero político del país.

La amnistía, aún en fase de redacción, podría beneficiar a cientos de presos políticos encarcelados durante los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, muchos de ellos sometidos a procesos judiciales abiertos, medidas cautelares asfixiantes o amenazas constantes de nuevas detenciones. En el último mes se han producido liberaciones graduales, pero incompletas: excarcelaciones sin libertad plena, con prohibiciones para salir del país, declarar a la prensa o ejercer determinadas profesiones.

Más allá de los números —discutidos y contradictorios—, el anuncio toca una fibra emocional que atraviesa a miles de familias. Los presos políticos han sido durante años una moneda de cambio del chavismo: se liberan algunos en mesas de negociación mientras otros entran por la puerta de atrás del sistema represivo. La promesa de una amnistía general cambia, al menos en el discurso, las reglas del juego.

Una ley urgente para un país exhausto

La presidenta encargada dio carácter de urgencia a la redacción del proyecto, que recaerá en una comisión encabezada por Diosdado Cabello, una figura clave del aparato de poder. El texto será debatido y aprobado, según el Gobierno, en los próximos días en la Asamblea Nacional. La velocidad anunciada contrasta con décadas de retardo judicial, un problema que la propia Rodríguez reconoció abiertamente junto a la corrupción del sistema.

La futura ley excluirá delitos como homicidio, narcotráfico y crímenes comunes, una cláusula que busca marcar distancia entre presos políticos y delincuencia ordinaria, aunque ese límite ha sido históricamente difuso en Venezuela, donde opositores han sido acusados de delitos comunes para justificar su encarcelamiento.

El Helicoide: del terror al símbolo incómodo

Uno de los anuncios más sorprendentes fue la reconversión de El Helicoide, la prisión más temida del país, en un centro de servicios sociales y deportivos para funcionarios policiales y sus familias. El edificio, sinónimo de tortura y represión, pasaría a tener un nuevo significado. Para muchos familiares de víctimas, sin embargo, el gesto resulta provocador: cambiar el uso del lugar no borra lo ocurrido entre sus muros.

La memoria personal como argumento político

Rodríguez habló también desde lo íntimo. Recordó a su padre, muerto tras sufrir torturas en prisión, y se presentó no solo como presidenta, sino como abogada que cree en la Constitución y en la justicia. El relato personal añade una capa emocional al anuncio, pero también expone una paradoja: el chavismo que hoy promete justicia es el mismo que construyó el sistema que permitió miles de detenciones arbitrarias.

Entre la esperanza y la desconfianza

ONG, familiares y sectores de la oposición llevan más de una década exigiendo una amnistía general. La presión se ha intensificado tras la caída de Maduro y la ventana política que se abrió entonces. Vigilias frente a las cárceles, protestas estudiantiles y campañas de firmas han devuelto a la calle una causa que parecía silenciada por el miedo.

Aun así, la desconfianza es profunda. Las liberaciones recientes han sido opacas, sin listas oficiales ni criterios claros. En algunos casos, ni siquiera hubo excarcelación, solo concesiones mínimas como visitas a detenidos incomunicados.

La pregunta de fondo no es solo cuántos presos saldrán, sino qué tipo de transición quiere —o puede— permitirse el poder. Sin una liberación plena, sin sobreseimiento de causas y sin garantías de no repetición, la amnistía corre el riesgo de convertirse en otro gesto táctico. Pero si se cumple, podría marcar un punto de inflexión histórico: el momento en que el Estado reconoce, aunque sea implícitamente, que encarceló a personas solo por pensar distinto. @mundiario