El Congreso de EE UU libera un primer lote de 33.000 páginas del caso Epstein: ¿qué contienen?

Donald Trump, presidente de EE UU. / @potus.
Los documentos presentan señalamientos de ser, en su mayoría, información pública y sitúan en el centro de la controversia a la Administración Trump, acusada de supuestamente obstruir la divulgación completa de los archivos.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó este martes un paquete de más de 33.000 páginas relacionadas con el caso de Jeffrey Epstein, el magnate condenado por abusos sexuales y fallecido en prisión en 2019. La entrega, proveniente del Departamento de Justicia, fue presentada como un avance en la desclasificación de información. Sin embargo, gran parte del material ya era de dominio público, lo que despertó críticas inmediatas de legisladores y víctimas.

Según la oposición demócrata, solo el 3% de los archivos difundidos contienen información nueva. Entre ellos, destacan registros de vuelos de Epstein obtenidos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que documentan viajes a París, Nueva York y las Islas Vírgenes de EE UU. El resto del material consiste en expedientes judiciales, documentos procesales y dos horas de vídeo adicionales del bloque carcelario de Epstein.

El congresista demócrata Ro Khanna (Pensilvania) calificó la publicación como insuficiente y denunció que “menos del 1% de los archivos realmente ha sido revelado”. En la misma línea, su colega Jim McGovern (Massachusetts)  señaló que “casi todo lo que los republicanos aseguran haber publicado ya estaba disponible”. Ambos acusaron al Departamento de Justicia de retener deliberadamente información clave y de ralentizar el acceso del Congreso y de la opinión pública.

El trasfondo político amplifica el debate. El presidente del Comité de Supervisión, el republicano James Comer (Kentucky), aseguró que esta publicación es apenas la primera entrega y prometió más documentos en el futuro. Sin embargo, demócratas como Robert Garcia (California) respondieron que la iniciativa busca “hacer espectáculo con información reciclada” y desviarse de la verdadera discusión: las limitaciones que, según ellos, la Administración Trump impuso en su momento al proceso de divulgación.

La sombra de la obstrucción planea sobre el debate. Los legisladores demócratas sostienen que el gobierno de Trump bloqueó la publicación de materiales sensibles y que parte de esa estrategia sigue influyendo en las actuales dinámicas de entrega. A esta acusación se suma la denuncia del congresista Thomas Massie (Kentucky), republicano crítico con el mandatario, quien acusó al presidente de la Cámara, Mike Johnson, de frenar la liberación completa de los archivos.

En respuesta, Massie y Khanna impulsan un proyecto de ley bipartidista que obligaría al Departamento de Justicia a liberar todos los documentos en un plazo máximo de 30 días. La medida busca romper el control de la dirección de la Cámara sobre el calendario legislativo y responde a una presión creciente de sobrevivientes y organizaciones civiles que exigen acceso total a la información.

Las víctimas de Epstein también alzaron su voz. Seis mujeres que se identifican como sobrevivientes de tráfico sexual reiteraron su petición de transparencia y solicitaron al presidente Trump que se comprometa públicamente a no otorgar un indulto a Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por su papel en la red de abusos. Su intervención añadió un componente humano y emocional al debate, reforzando la demanda de rendición de cuentas.

El Departamento de Justicia, por su parte, se mantiene en una posición ambigua. En julio difundió un memorando anónimo que descartaba tanto la existencia de una lista de clientes influyentes como la hipótesis de un asesinato en prisión. Ese comunicado, lejos de disipar las dudas, alimentó las críticas de quienes consideran que el Gobierno (sin importar el partido en el poder) sigue administrando la información con opacidad y que no ha cumplido con la promesa de máxima transparencia.

El presidente Trump, durante su última campaña electoral, aseguró que publicaría la supuesta lista de clientes de Epstein, pero ya en el poder adoptó un tono más reservado. Ese cambio generó frustración entre sus seguidores y abrió la puerta a acusaciones de que la Administración había protegido deliberadamente a ciertos nombres o intereses vinculados al magnate.

El caso Epstein, lejos de cerrarse, se ha convertido en un campo de disputa política y judicial. La publicación parcial de documentos abre nuevas preguntas sobre la credibilidad de las instituciones, el alcance de la complicidad política y la verdadera magnitud de la red de poder que orbitó en torno al magnate.@mundiario