América Latina ante el riesgo de normalizar la intervención militar

El reciente ataque de Estados Unidos en Venezuela no puede analizarse como un episodio aislado ni como el gesto imprevisible de un líder excéntrico. Tal y como advierten voces políticas latinoamericanas como Iván Cepeda, candidato presidencial en Colombia, estamos ante la ejecución coherente de una estrategia que lleva tiempo formulándose en documentos oficiales de Washington. La clave no está solo en lo ocurrido en Caracas, sino en lo que revela sobre el rumbo que toma la política internacional cuando el derecho deja paso a la fuerza.

La lógica de la intervención permanente

Estados Unidos ha explicitado en su estrategia de seguridad nacional que se reserva el derecho de intervenir allí donde perciba una amenaza a sus intereses. Esto supone un cambio profundo en las reglas del juego global. El principio de soberanía, piedra angular del derecho internacional desde la Segunda Guerra Mundial, queda así supeditado a una interpretación unilateral de la seguridad. El ataque a Venezuela se inserta en una escalada que comienza con sanciones, presión diplomática y aislamiento económico, y termina con acciones militares directas.

El debate no debería quedarse atrapado en la figura de Nicolás Maduro ni en la legitimidad de los procesos electorales venezolanos, cuestiones relevantes pero insuficientes. El problema de fondo es aceptar que un país pueda decidir, sin consenso multilateral, qué gobiernos son tolerables y cuáles deben ser corregidos por la fuerza. Es como intentar apagar un incendio con gasolina, confiando en que el fuego se limite solo a la habitación deseada.

Colombia y el temor al efecto dominó

Las advertencias de que Colombia podría ser un siguiente objetivo no son retórica exagerada. La historia reciente del continente demuestra que las intervenciones rara vez se detienen en un solo país. Colombia, pese a su estrecha relación histórica con Washington, sigue siendo un Estado soberano con instituciones propias. Cepeda recuerda que no es una colonia ni un protectorado, aunque durante décadas haya sido laboratorio de políticas de seguridad, especialmente en la llamada guerra contra las drogas.

Ese modelo ha dejado cicatrices profundas. La presencia extendida de agencias estadounidenses y la cooperación asimétrica han debilitado la autonomía real del Estado colombiano. Pensar que una eventual intervención sería limpia o controlada es desconocer cómo estas dinámicas generan violencia prolongada, inestabilidad regional y un alto coste humano.

Un riesgo global que va más allá de América Latina

Lo que ocurre en Venezuela no solo afecta a la región. La normalización de la intervención militar sin respaldo internacional erosiona los mecanismos que evitan conflictos a gran escala. Cuando cada potencia se arroga el derecho de actuar por su cuenta, el tablero global se convierte en una partida sin árbitro. Además, la inestabilidad política tiene efectos económicos inmediatos. Sin reglas claras, no hay inversión ni prosperidad sostenible, por mucho que se invoque la defensa de la libertad.

Frente a este escenario, la respuesta no puede ser el silencio ni la resignación. Hace falta cooperación entre Estados, presión diplomática y un fortalecimiento real de los organismos multilaterales. La seguridad duradera no se construye con misiles, sino con instituciones, diálogo y respeto mutuo. Persistir en la vía militar es caminar hacia un mundo más inseguro, donde la ley del más fuerte sustituye a la razón compartida. Y ese es un precio que, antes o después, todos acabamos pagando. @mundiario