El Ministerio confirma que la universidad privada de Cesuga recibió un informe "desfavorable"

La eventual creación de la Universidad privada Emilia Pardo Bazán en A Coruña, promovida por el Centro Superior Universitario de Galicia (Cesuga), ha desatado una tormenta política y académica que trasciende el ámbito gallego. El proyecto se encuentra en el centro de una controversia que no solo enfrenta al Gobierno central con las comunidades autónomas, sino que también plantea interrogantes de fondo sobre el modelo universitario español, la proliferación de centros privados y los límites entre la iniciativa empresarial y el interés público en la educación superior.

Según ha confirmado el propio Ministerio de Educación, la Comisión Delegada del Consejo General de Política Universitaria (CGPU) emitió en marzo de 2024 un informe "desfavorable" sobre el proyecto. El dictamen fue claro: siete votos en contra y siete abstenciones, entre ellas la del representante gallego. Aunque este tipo de informes no son vinculantes —la legislación vigente deja en manos de cada comunidad autónoma la decisión final—, no es un simple formalismo. Es una señal de advertencia, un juicio técnico que debería pesar en cualquier decisión responsable.

En este caso, sin embargo, las advertencias parecen no inquietar a quienes impulsan la nueva universidad. La Xunta de Galicia, pese a su abstención inicial y a la solicitud de una "aclaración" al Ministerio, se ha mostrado cauta, pero no descarta dar luz verde al proyecto. Y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, del PSOE, se ha alineado con entusiasmo junto a sus promotores, afirmando que la universidad privada no viene a competir con la pública, sino a "complementarla". Un argumento que suena a eslogan promocional más que a una política educativa seria, observan desde el sector público universitario de Galicia.

Es aquí donde conviene detenerse y mirar más allá del debate competencial o de las tácticas de comunicación institucional. Porque el problema de fondo no es solo si la Xunta tiene o no potestad legal para autorizar la creación de esta universidad privada. La cuestión esencial es si debe hacerlo en las condiciones actuales. Y la respuesta, a la luz de los hechos, ya no parece tan clara.

Beneficio o excelencia

La proliferación de universidades privadas en España —pasaron de 16 a 46 en apenas 25 años— ha creado un mercado educativo donde prima a menudo la lógica del beneficio sobre la de la excelencia. Tal como ha advertido la ministra Diana Morant, muchas de estas instituciones se han convertido en auténticos “chiringuitos educativos”, cuya existencia compromete la calidad del sistema universitario. Proyectos aprobados con informes negativos, centros que carecen de programas de doctorado o investigación y que operan con mínimos exigibles más que con estándares de excelencia. En ese contexto, el nuevo Real Decreto que prepara el Gobierno —y que endurece los requisitos para crear nuevas universidades— parece una respuesta necesaria.

La iniciativa gallega, lejos de situarse al margen de esa tendencia, nace envuelta en la controversia. Tanto la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, como el propio presidente de Cesuga, Venancio Salcines, dejaron caer que su proyecto ya contaba con luz verde del Ministerio y de la Xunta. Lo cierto es que el informe ministerial es "desfavorable", y la Xunta, por ahora, no se ha pronunciado de manera clara y oficial. ¿Estamos ante un intento de vender humo o de imponer hechos consumados? En cualquiera de los dos casos, el procedimiento se ve empañado por una alarmante falta de transparencia y rigor.

La lista de nombres que figuran detrás del proyecto –empresarios como Ignacio Rivera (Hijos de Rivera, el fabricante de las cervezas Estrella Galicia), Tino Fernández (Altia) o Manuel Ángel Pose (Grupo Aluman)– deja claro que estamos ante una operación con fuerte componente empresarial. No hay nada ilegítimo en que el sector privado quiera invertir en educación, pero sí es discutible que se pretenda vestir un proyecto de negocio como si fuera una aportación desinteresada al progreso académico gallego.

Cao pide ejemplaridad a los promotores

Desde el sector público se sostiene que la universidad no puede ser tratada como un activo financiero más. Lo ha dicho con claridad el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao: no se puede autorizar ningún campus –público o privado– que no supere los filtros de calidad requeridos. Y esa igualdad de condiciones no solo debe predicarse, sino aplicarse. Porque si el listón baja para unos, termina por devaluarse el esfuerzo de todos. El profesor Ricardo Cao pide, además, ejemplaridad a sus promotores.

Hay un problema político evidente: la contradicción entre el discurso del Gobierno central, que trata de elevar los estándares, y la actitud permisiva o entusiasta de algunos líderes socialistas –caso de la alcaldesa Inés Rey–, que resulta incoherente y desorientadora. ¿Cómo puede ser que desde el mismo partido se denuncie la aparición de “chiringuitos universitarios” y al mismo tiempo se aplauda un proyecto rechazado por los órganos técnicos competentes? La credibilidad institucional está en juego, y no solo la del PSOE en A Coruña y en Galicia.

También la Xunta de Galicia deberá aclarar su posición. El conselleiro Román Rodríguez, hasta el momento cauto, se ha limitado a pedir una “aclaración” al Ministerio. ¿Pero en realidad qué hay que aclarar? El informe del Consejo General de Política Universitaria es negativo. Las dudas, si existen, no pueden servir como pretexto para aplazar indefinidamente una decisión que afecta al presente y al futuro del ecosistema universitario gallego. Si la comunidad autónoma llegara a aprobar esta universidad, lo haría con pleno conocimiento de causa y en contra del criterio técnico nacional.

¿Legal o legítimo?

El argumento de que el dictamen de la comisión delegada del Consejo General de Política Universitaria no es vinculante no exime de responsabilidad a la Xunta de Galicia, más bien la acentúa. Que algo sea legal no implica que sea legítimo, ni adecuado, ni conveniente. En juego está algo más que la creación de una universidad en concreto. Lo que se dirime es si la educación superior en España –y en Galicia– será un espacio de calidad y equidad o un campo más de especulación y prestigio de marca para ciertos empresarios.

El sistema universitario español necesita reformas, sin duda; máxime ante la proliferación de universidades privadas en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, especialmente Andalucía y Madrid. Pero lo que no necesita, según fuentes del Gobierno, es que se le incorporen nuevos actores sin garantías, sin controles, sin vocación investigadora ni compromiso real con la excelencia. Se supone que Galicia no puede permitirse que su política educativa esté dictada por intereses de grupo o por ambiciones cortoplacistas. Autorizar un centro universitario con un informe negativo, sin garantías suficientes y en un contexto normativo que está a punto de endurecerse, sería una decisión imprudente y profundamente irresponsable, opinan desde medios universitarios públicos de Galicia, que cuenta con tres universidades. @mundiario