El talón de Aquiles energético de España sale a la luz

El 28 de abril, España vivió lo impensable: un apagón total del sistema eléctrico. No fue una tormenta solar ni un ciberataque ruso. Fue algo más prosaico y, a la vez, más alarmante: un fallo humano y estructural en el sistema energético nacional. Cuarenta y nueve días después, el Gobierno ha publicado un informe que —aunque revestido de tecnicismos— pone en evidencia algo mucho más político: la incapacidad del Estado para controlar y exigir responsabilidades a los actores privados que gestionan infraestructuras esenciales para la vida y la economía.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, compareció para explicar que la causa fue una “sobretensión” mal gestionada. Red Eléctrica de España (REE) no activó una central de reserva tras la baja de otra planta la noche anterior, considerando que no era necesaria. Pero lo peor llegó después: las nueve centrales restantes tampoco funcionaron como debían. Todas, sin excepción, incumplieron los protocolos para absorber la tensión. Resultado: un efecto dominó que tumbó el sistema desde Granada hasta Galicia.

El Estado como espectador en su propia red

Aquí se plantea un primer dilema político de fondo. ¿Qué papel tiene el Estado en la gestión real del sistema eléctrico? REE, con solo un 20% de participación pública, es quien opera la red. El resto está en manos privadas, con nombres conocidos: Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, entre otros. El Ejecutivo admite que no puede ni publicar los nombres de las plantas que fallaron sin permiso previo de las empresas. ¿En serio?

Que el Ministerio de Transición Ecológica tenga que pedir permiso a las eléctricas para explicar públicamente qué centrales incumplieron sus funciones es el síntoma más claro de la captura regulatoria: cuando las grandes corporaciones dictan los límites de la transparencia pública. En cualquier democracia madura, una negligencia de este calibre obligaría no solo a dimisiones, sino a una revisión estructural de la gobernanza energética. Aquí, ni nombres ni consecuencias.

No fue falta de generación, fue exceso de descoordinación

Lo más irónico del caso es que sí había generación suficiente para sostener la red. El problema no fue de escasez, sino de descoordinación. La red no supo reaccionar a las oscilaciones de tensión. Las plantas, programadas precisamente para actuar en este tipo de emergencias, no lo hicieron. Algunas, incluso, se desconectaron indebidamente, lo que agravó el colapso. Hubo intentos de contener la crisis aislando zonas —los llamados "deslastres"—, pero todos fallaron. Seis veces.

Esto nos lleva a una segunda reflexión: la sofisticación tecnológica del sistema eléctrico no garantiza su resiliencia si no va acompañada de responsabilidad operativa y planificación estratégica. Y ahí, tanto REE como las generadoras fallaron estrepitosamente.

La publicación del informe también se produce en un contexto político delicado. Coincide con la tormenta mediática que sacude al PSOE por presuntos casos de corrupción. El comité de crisis eléctrica, que llevaba semanas en pausa, se reunió de forma repentina tres veces en apenas cuatro días. El informe, que se esperaba para agosto, se anticipó un mes y medio. ¿Casualidad? ¿O intento de desviar el foco público con una narrativa técnica sobre un hecho de enorme carga simbólica?

La energía no es solo un sector estratégico; es poder. Y cuando ese poder se ejerce con escasa supervisión pública y sin rendición de cuentas, lo que se oscurece no es solo la red eléctrica: es la credibilidad institucional.

Un sistema vulnerable y una política sin músculo

A pesar de que el informe descarta que el apagón se debiera a un ciberataque, sí reconoce la existencia de vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas en el futuro. Esto plantea un escenario aún más preocupante: si el sistema no soporta un fallo interno sin colapsar, ¿qué ocurrirá ante un ataque deliberado?

Pero el problema mayor no está en los cables, sino en los despachos. El modelo energético español adolece de una privatización encubierta de responsabilidades públicas. El apagón del 28 de abril debería habernos servido como catalizador para un debate honesto sobre la necesidad de reforzar el control público, revisar los protocolos de emergencia y redibujar la arquitectura regulatoria del sector.

Lo que hemos recibido, en cambio, es un informe ambiguo, un reparto de culpas sin consecuencias y un silencio corporativo amparado por la ley. Todo ello, en un país que presume de liderazgo climático mientras sigue dejando que sus infraestructuras críticas funcionen al límite... y sin control democrático.

¿Queremos evitar otro apagón? Entonces hace falta más que peritajes técnicos: hace falta voluntad política. @mundiario