Starmer calma a los mercados con el mayor ajuste fiscal desde la posguerra: ¿y los votantes?

A poco más de un año después de su victoria electoral, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se enfrenta a la paradoja del poder: los mercados y su propio partido han recibido con alivio el nuevo presupuesto, mientras la opinión pública lo percibe como un castigo tributario en plena crisis de servicios. No es solo un debate económico, sino una batalla por el relato. La promesa de “cambio” que catapultó al laborismo en 2024 se ha diluido en una gestión que transmite solvencia, pero carece de narrativa clara.

Ese es el trasfondo político del presupuesto presentado en Westminster. Tras semanas de fricciones internas, filtraciones y encuestas adversas, el documento fiscal se interpretó como examen de supervivencia para Downing Street. La ministra del Tesoro, Rachel Reeves, superó la prueba técnica, pero el interrogante de fondo permanece: ¿cómo gobernar un país que siente que paga más a cambio de menos?

La cifra clave quedó grabada en la política británica: 26.000 millones de libras adicionales en impuestos hasta el final de la legislatura, que elevan la presión fiscal a cerca del 38% del PIB, el mayor nivel desde la posguerra. No se trata de una subida simbólica, sino de un giro estructural: el Gobierno ha decidido que la consolidación económica pasa por recaudar más y endeudarse menos.

Reeves cumplió formalmente su palabra electoral al no tocar el impuesto sobre la renta, las cotizaciones ni el IVA. Pero lo hizo recurriendo a un mecanismo silencioso: la congelación prolongada de los umbrales del IRPF (fiscal drag). A ellos se suman nuevos gravámenes sobre la inversión, la propiedad de alto valor y el ahorro. No son subidas explícitas, pero sí efectivas. Un votante que cobra lo mismo entra en un tramo fiscal superior por simple ajuste nominal, y esa dinámica afecta especialmente a las rentas medias y altas.

La estrategia envía un mensaje inequívoco a los acreedores europeos: Londres no va a reconstruir sus ambiciones con deuda. En términos macroeconómicos, es una señal de estabilidad. En términos sociales, se percibe como un sacrificio.

Estabilidad económica, nervios políticos

El presupuesto no se diseñó solo para números, sino para frenar tensiones. El error de la Oficina para la Responsabilidad Presupuestaria (OBR) —publicar las previsiones antes del anuncio ministerial— habría hundido un gobierno más débil. Reeves lo salvó con un discurso conciso, confirmando que la prioridad absoluta es el saneamiento financiero.

Los mercados reaccionaron con calma. La prima de riesgo se mantuvo estable y los inversores interpretaron el gesto como una renuncia al populismo fiscal británico post-Brexit. El Partido Laborista también respiró: la ministra demostró que no repetiría la aventura de la mini-budget de Liz Truss y Kwasi Kwarteng de 2022.

El Reino Unido lleva una década atrapado en un ciclo de crecimiento débil, productividad estancada y deterioro de lo público. Reeves identificó el diagnóstico: infraestructura deficiente, sector privado tímido y un Estado debilitado. La respuesta, sin embargo, fue incremental, entre incentivos aislados, reformas parciales, ajustes técnicos. Nada que articule una visión transformadora.

La eliminación del límite de ayudas al tercer hijo fue recibida como un gesto simbólico de justicia social. Reeves lo defendió con contundencia: “No creo que haya que castigar a los niños por esta política perniciosa, y el coste social es enorme”, declaró a LBC Radio. La medida satisface a buena parte del laborismo tradicional, pero deja preguntas sin resolver: alivia a una franja concreta de familias, pero no compensa la presión fiscal extendida.

En los hogares británicos el termómetro es otro: citas médicas interminables, trenes crónicamente retrasados, alquileres imposibles. La gestión técnica no atenúa el malestar cotidiano.

La opinión pública: un veredicto temprano y severo

Los primeros sondeos pospresupuesto han sido demoledores. El público describe la propuesta como “injusta” (48%) frente a “justa” (21%), una degradación significativa respecto al año anterior, según una encuesta reciente de YouGov. La mitad de los británicos cree que el país queda peor tras el presupuesto (47%), y el 50% siente lo mismo para sus hogares. Apenas un 3% afirma beneficiarse directamente.

La percepción no se limita a los conservadores o a los indecisos. Entre los votantes laboristas de 2024, casi el doble considera que Reeves está haciendo un “mal trabajo” frente a quienes la apoyan. El desgaste interno es real, y erosiona el liderazgo de Starmer antes de que el gobierno consolide su modelo económico.

En ese vacío discursivo emergen actores que no necesitan gobernar para marcar agenda. Nigel Farage, con solo cuatro diputados, ha convertido a Reform UK en un polo de descontento. Su mensaje es simple: “pagáis más, vivís peor, y los de Westminster no os escuchan”. Ese relato se está expandiendo entre votantes de clase obrera del norte y entre asalariados suburbanos agobiados por la inflación del sur. 

El Gobierno de Starmer, mientras tanto, ha entrado en un ciclo defensivo. La rectificación constante sustituye a la iniciativa, y la disciplina fiscal se percibe como resignación, no como proyecto.

La pregunta central no es cuánto recauda el Gobierno, sino para qué. Starmer y Reeves han optado por una estrategia de estabilización: tranquilizar a los mercados, reforzar la solvencia, reconstruir la confianza empresarial. Es el enfoque que Alemania aplicó tras la crisis del euro y que el electorado británico asocia con responsabilidad.

El presupuesto de 2025 transmite seguridad macroeconómica, pero aún no ofrece un relato de prosperidad. Mientras esa brecha exista, la calma fiscal podrá sostener a los mercados, pero no garantizará la paciencia de los votantes. @mundiario