Presupuestos en pausa: el Gobierno retrasa los trámites clave de 2026

España se adentra en el segundo semestre de 2025 sin señales claras de vida en los trámites para los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Lo que para muchos podría parecer una preocupación lejana es, en realidad, una señal de alarma que no deja de sonar en los despachos del Ministerio de Hacienda. Interventores y auditores del Estado —esas figuras técnicas que operan tras bambalinas— han levantado la voz y señalan que no se están dando los pasos básicos para iniciar la maquinaria presupuestaria. No se ha fijado aún el techo de gasto, no se han establecido los objetivos de estabilidad y ni siquiera se ha publicado la orden ministerial que pone en marcha el proceso. Una anomalía en toda regla.

Esto no es solo un problema de calendario. Es un síntoma de una enfermedad más profunda: la parálisis institucional que arrastra la política española. En una democracia parlamentaria como la de España, la elaboración de los Presupuestos no es una mera formalidad contable. Es el acto político por excelencia. El documento que dibuja el rumbo de un país. La hoja de ruta que transforma promesas en políticas reales. Y sin embargo, a estas alturas, lo único que abunda es el silencio administrativo.

“No hay visos de que esto vaya a suceder”, advierte uno de los interventores consultados por el diario El País. “No consta que internamente se esté trabajando en ello”. Sus palabras no son una anécdota: son un diagnóstico. La costumbre presupuestaria dicta que antes del verano el Gobierno ya debería haber fijado los límites de déficit y deuda, así como haber lanzado la orden ministerial que orienta a los ministerios sobre sus prioridades. Nada de eso ha ocurrido. El reloj avanza y los engranajes no se mueven.

Este retraso adquiere tintes más graves si tenemos en cuenta que venimos de una prórroga presupuestaria con las cuentas de 2023 aún vigentes. Prórrogas que, aunque legales, diluyen la capacidad del Gobierno para actuar con ambición. No se pueden lanzar nuevos proyectos, ni reformar impuestos, ni ampliar plantillas con fluidez. Menos aún cumplir con objetivos de alcance, como el aumento del gasto en defensa hasta el 2% del PIB. En la práctica, se gobierna con un presupuesto congelado en el tiempo mientras el mundo sigue girando.

Un Estado atrapado en el cortoplacismo

No es solo una cuestión técnica, sino profundamente política. La fragilidad parlamentaria del Ejecutivo y la desconfianza entre socios han hecho que el horizonte se reduzca al día a día. Se legisla por decreto, se parchea el gasto con reasignaciones internas y se fía todo a la supervivencia a corto plazo. Es el síntoma de una política sin proyecto, sin visión, sin Presupuesto.

Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, ha sido claro: “El Gobierno debería pisar el acelerador y presentar un proyecto a tiempo. No solo por el mandato normativo, sino por el mensaje que se lanza a la economía”. Porque sí, más allá de la letra pequeña, la falta de Presupuestos es también una señal de inestabilidad institucional que pesa sobre la confianza de inversores, empresas y ciudadanos.

Un calendario constitucional ignorado

La Constitución no deja lugar a dudas: el proyecto de Presupuestos debe presentarse antes del 30 de septiembre del año anterior. Es decir, en menos de cuatro meses. Pero ni los cimientos están colocados. En los años de normalidad institucional, ese plazo se respetaba con rigor. Solo en situaciones de tensión —como en 2018 o 2019— se presentaron cuentas más allá de marzo del año en curso. Hoy, sin embargo, lo excepcional parece haberse convertido en norma.

Los interventores saben lo que eso significa: un proceso que ya debería estar en marcha y que, a falta de decisiones políticas claras, acabará irremediablemente retrasado. Con consecuencias directas sobre el funcionamiento del Estado.

Sin presupuestos no hay política de futuro

La elaboración de unas nuevas cuentas públicas no es solo un trámite exigente. Es la oportunidad de corregir desequilibrios, orientar la inversión, asumir compromisos y planificar el porvenir. Las previsiones económicas ya apuntan a una ralentización del crecimiento a partir de 2026. No habrá colchón de ingresos extraordinarios. Y sin unas cuentas diseñadas con responsabilidad, difícilmente se podrá controlar el déficit ni mantener el compromiso con Bruselas.

Si algo queda claro tras escuchar a los técnicos del Estado es que gobernar sin Presupuestos es gobernar con los ojos vendados. El Ejecutivo puede seguir declarando su voluntad política de presentar cuentas para 2025, pero las señales objetivas van en otra dirección. Y si la inercia se impone, 2026 podría llegar sin proyecto, sin consenso y sin visión. @mundiario