La presión se traslada a Junts: última pieza para salvar la moratoria antidesahucios
La prórroga de la moratoria antidesahucios afronta su momento más crítico desde que nació en plena pandemia. Con el resto de socios de investidura inclinados a mantener la protección para los inquilinos vulnerables, el silencio de Junts se convierte ahora en el último muro que separa a más de 60.000 familias de una posible orden de lanzamiento a partir del 1 de enero de 2026. La fotografía política vuelve a situar en primer plano una vieja herida: la incapacidad del Estado para garantizar alternativas habitacionales dignas mientras el mercado tensiona, los fondos presionan y el tablero institucional camina al filo del abismo regulatorio.
El miércoles, representantes de varias organizaciones sociales —entre ellas la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Amnistía Internacional, UGT, CC OO y otras entidades de derechos humanos y consumo— desfilaron por el Congreso en busca del aval político a la extensión de la moratoria. Lo encontraron en casi todos los grupos que sostienen al Gobierno, excepto en un actor clave: Junts. La formación independentista no acudió a la reunión por “motivos de agenda”, según transmitió la PAH, aunque se comprometió a participar en un próximo encuentro. El matiz, sin embargo, no rebaja la inquietud: sin su apoyo, el decreto ley que prepara el Ejecutivo podría naufragar en su convalidación parlamentaria.
Para las plataformas sociales, la urgencia es absoluta. No solo porque el calendario apremia —la moratoria decae el 31 de diciembre— sino porque, de no aprobarse antes de final de año, se abriría un “vacío legal” que permitiría a algunos jueces ejecutar desahucios de personas vulnerables desde el primer día de 2026. El portavoz de la PAH, Paco Morote, lo define como una “bomba de relojería” social en un país donde el acceso a vivienda es una pieza cada vez más frágil del Estado del bienestar. Hablan de una emergencia habitacional que podría superar la vivida durante los peores años de la Gran Recesión.
A pesar del apoyo mayoritario de los aliados del Gobierno —PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria—, las organizaciones reclaman que esta vez no se limite a una nueva prórroga. Quieren que la moratoria deje de depender de crisis temporales como la Covid-19 o la guerra de Ucrania y se convierta en un escudo estructural. Piden, además, ampliar los criterios de vulnerabilidad para incluir a más colectivos en riesgo y corregir la brecha entre la teoría legal y la realidad: según el Observatori DESCA, solo un 2% de los desahucios acaba con un realojo temporal y apenas un 3% se salda con una vivienda social. Las cifras exponen una contradicción profunda: la obligación formal de las Administraciones de garantizar alternativas casi nunca se cumple.
La presión de los colectivos y el peso del calendario
Las plataformas están ultimando un texto con las modificaciones que reclaman y planean enviarlo a los grupos parlamentarios en los próximos días. Saben que el tiempo juega en contra y que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, prometió llevar al Congreso antes de fin de año la renovación del llamado “escudo social”. Pero también saben que, con Junts fuera del alineamiento inicial, la negociación puede convertirse en un combate de fondo.
El choque con los grandes propietarios
Desde el lado opuesto del tablero, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) —que agrupa a fondos como Blackstone junto a pequeños caseros— mantiene una postura frontal. Consideran que extender la moratoria “profundiza en la inseguridad jurídica, erosiona el derecho de propiedad y frena la oferta de vivienda en alquiler”. Es el mismo discurso que ha ganado peso en los tribunales y que anticipa nuevos conflictos si la medida continúa.
La interpretación de fondo es clara: el pulso por la prórroga no es solo un trámite legislativo, sino una disputa sobre el modelo de vivienda en España. Mientras el Estado apenas ofrece alternativas reales —las cifras de realojos lo evidencian—, la moratoria actúa como el último dique entre miles de familias y la calle. Por eso, para las organizaciones sociales, no se trata de una medida excepcional sino del síntoma de un fracaso estructural que aún no se quiere mirar de frente. @mundiario