Las patronales del campo y la construcción aplauden la regularización de inmigrantes
El Gobierno dio este martes el primer paso para regularizar a miles de inmigrantes sin papeles en España, una medida que promete transformar el mercado laboral. Mientras algunas patronales de gran peso económico miran con recelo la fórmula elegida, los sectores con mayor presencia de trabajadores extranjeros aplauden con entusiasmo, convencidos de que esta regularización podría acabar con la economía sumergida y cubrir la escasez de mano de obra que lastra su actividad.
La propuesta, acordada con Podemos y presentada como un decreto, ha generado opiniones encontradas entre los actores del diálogo social. CC OO y UGT han celebrado la iniciativa como un paso decisivo para garantizar derechos laborales y combatir la explotación, mientras CEOE y Cepyme muestran recelo por la ausencia de debate parlamentario, argumentando que la medida debería tratarse como cuestión de Estado y con el mayor consenso político posible.
De acuerdo con EL PAÍS, a ojos de Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, “el acuerdo del Gobierno con Podemos no se ha hecho de la forma adecuada”. Para ella, legislar mediante un decreto “de espaldas al Congreso” resta legitimidad y transparencia a un proceso que, por su magnitud, debería implicar a todos los grupos parlamentarios. Antonio Garamendi, presidente de CEOE, aún no se ha pronunciado públicamente, aunque fuentes internas muestran un rechazo similar.
Sin embargo, la visión crítica de estas grandes patronales se enfrenta a la práctica y necesidad de los sectores que dependen directamente de la mano de obra extranjera. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera la medida “una demanda histórica” para cubrir la falta de trabajadores en el campo. Andrés Góngora, responsable de relaciones laborales de COAG, subraya que la regularización “permitirá afrontar un problema estructural que viene arrastrándose durante años”.
Campo y construcción: la urgencia de regularizar
Para la patronal agrícola Asaja, el decreto es un paso “positivo y necesario”. Juan José Álvarez, representante de la organización, destaca que la regularización garantizará una mano de obra estable y profesionalizada, algo crucial en un sector donde aproximadamente un tercio de los trabajadores son extranjeros. La construcción, con un 20% de empleados foráneos, comparte la lectura: la regularización puede reducir la economía sumergida y ofrecer formación reglada a los nuevos trabajadores, según explican desde la Confederación Nacional de la Construcción.
Industria y transporte ven ventajas y limitaciones
Confemetal, que representa a empresas del metal, también valora la medida, aunque subraya la necesidad de acompañarla con programas de cualificación para los trabajadores regularizados. En transporte, Confebus celebra el anuncio por la escasez de profesionales en zonas turísticas y rurales, mientras que CETM, centrada en mercancías, advierte que el problema real radica en agilizar la homologación de permisos y certificados profesionales, no solo en la regularización.
Empleadas de hogar: de invisibles a visibles
La Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos destaca el impacto directo sobre las empleadas de hogar, un colectivo históricamente vulnerable. Según la organización, la medida permitirá que familias que hoy no pueden contratarlas legalmente regularicen su situación y, al mismo tiempo, contribuirá a reducir la economía sumergida en este sector. Sin embargo, advierten sobre un posible efecto de “barrera económica” para algunas familias, por lo que reclaman políticas complementarias que faciliten las contrataciones.
Sindicatos: derechos sobre todo
CC OO y UGT han mostrado su entusiasmo. Unai Sordo, secretario general de CC OO, ha señalado que la regularización es una herramienta clave para evitar la explotación de temporeros y garantizar la aplicación de convenios colectivos. UGT, por su parte, considera que la medida aborda la gran bolsa de empleo irregular que existe en España, un problema estructural que genera espacios de explotación laboral y demanda recursos extraordinarios para las oficinas de extranjería.
La regularización extraordinaria de inmigrantes revela una tensión recurrente en el diálogo social español: la diferencia entre la visión estratégica de las grandes patronales y la urgencia operativa de los sectores productivos que dependen de mano de obra extranjera. Mientras CEOE y Cepyme insisten en la forma, quienes trabajan en campo, construcción, industria, transporte y servicios personales miran directamente al fondo del asunto: asegurar que los trabajadores estén protegidos y disponibles, y que la economía deje de depender de la informalidad. @mundiario