El Gobierno negocia con Junts la deducción del impuesto a la banca para CaixaBank
Las negociaciones en torno al paquete de enmiendas que conformará la reforma fiscal del Gobierno, clave para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas, se centran en una propuesta de Junts que busca eximir parcialmente a CaixaBank del impuesto extraordinario a la banca. Fuentes cercanas a la negociación anticipan que la medida, que permitiría deducir el 25% de las aportaciones realizadas por la entidad a la Fundación La Caixa, cuenta con altas probabilidades de ser aprobada.
Esta propuesta pretende atenuar el impacto fiscal sobre los fondos destinados por CaixaBank a su obra social, una cuestión que Gonzalo Gortázar, consejero delegado del banco, calificó como un "impuesto a la obra social" y "el impuesto CaixaBank". Según sus declaraciones del pasado 31 de octubre, la medida tributaria implica un doble gravamen que desincentiva el crédito y penaliza las contribuciones a causas sociales, algo que considera perjudicial para la estabilidad financiera.
La enmienda planteada por Junts surge en un contexto de tensiones políticas, donde la formación nacionalista habría presionado en busca de contrapartidas. A su vez, ERC ha mostrado su desacuerdo ante el rédito político de Junts, complicando el camino hacia un consenso final. El Ministerio de Hacienda se enfrenta así a un complejo entramado de intereses para materializar el paquete fiscal.
La reforma fiscal incluye varios ajustes
En términos prácticos, la deducción permitiría que CaixaBank retenga hasta 125 millones de euros de los aproximadamente 500 millones que aporta anualmente a la Fundación La Caixa, una cifra equivalente al monto abonado por el impuesto a la banca en 2023. Esta modificación fiscal se incorporará a la propuesta de ley sobre el impuesto mínimo global a las multinacionales que está en trámite en el Congreso.
La reforma fiscal, que busca recaudar 4.500 millones de euros, incluye además ajustes en el impuesto a las energéticas, restricciones a las deducciones empresariales y modificaciones sobre la fiscalidad del ahorro, el tabaco, y otros bienes de lujo. En este complejo escenario, el Gobierno necesita equilibrar las demandas de sus socios parlamentarios y la presión de sectores económicos clave para avanzar en la reforma. @mundiario