El Gobierno impondrá multas millonarias a las eléctricas que hagan ‘spam’ telefónico

Durante años, el teléfono ha sido una puerta abierta al abuso para miles de consumidores eléctricos en España. Una llamada inesperada, una oferta confusa, un “sí” mal entendido y, semanas después, una factura más cara y un contrato imposible de deshacer. Ese escenario, tan común como desesperante, está a punto de cambiar: el Gobierno ha decidido apretar definitivamente las tuercas a las comercializadoras eléctricas y poner fin al spam telefónico como método de captación de clientes.

El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que prohíbe de forma general las llamadas comerciales para vender suministro eléctrico, salvo que el propio usuario las haya solicitado de manera expresa e inequívoca. No es una advertencia simbólica: las empresas que incumplan se enfrentarán a multas de entre 600.001 euros y seis millones, sanciones que sitúan estas prácticas al nivel de las infracciones graves del sector energético.

La medida llega tras años de quejas de consumidores, asociaciones y organismos reguladores. El teléfono se había convertido en una herramienta de presión, especialmente eficaz contra personas mayores, hogares con menos información o consumidores vulnerables. El nuevo decreto busca cortar de raíz esa vía de captación y enviar un mensaje claro: el mercado eléctrico no puede sostenerse sobre el engaño ni la insistencia invasiva.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de vigilar y sancionar estas irregularidades. Además, las llamadas que sí hayan sido solicitadas deberán usar un prefijo específico, y las operadoras de telecomunicaciones estarán obligadas a bloquear los números que se salten la normativa. En la práctica, se prohíbe captar clientes por teléfono como método habitual de venta.

El fin de una práctica normalizada

Lo verdaderamente llamativo no es solo la cuantía de las multas, sino el reconocimiento implícito de que el spam telefónico se había normalizado. Durante años, cambiar de compañía eléctrica era un terreno abonado para la confusión: ofertas que sonaban bien pero ocultaban subidas futuras, descuentos temporales y servicios añadidos que nadie había pedido.

El decreto introduce una obligación clave: antes de firmar un nuevo contrato, la comercializadora deberá entregar un documento independiente y previo, con información clara sobre precios, condiciones y posibles cambios futuros. Ese resumen incluirá una tabla comparativa entre lo que el cliente paga antes y lo que pagará después. Un gesto aparentemente simple que ataca directamente a la “letra pequeña”, ese espacio donde se cocinan muchos abusos.

Más libertad para romper contratos

Otra de las novedades con mayor impacto práctico es la posibilidad de rescindir contratos sin penalización para hogares y pymes con menos de 15 kW de potencia contratada. Salvo excepciones muy concretas en contratos a precio fijo, el consumidor recupera el control sobre su suministro.

Especialmente relevante es la protección a los consumidores vulnerables. Si deciden pasar al Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC), no podrán aplicarse penalizaciones, ni siquiera por servicios adicionales como mantenimientos o alarmas que, en muchos casos, nunca se usaron. El decreto cierra así una de las trampas más habituales del mercado.

El foco en los más vulnerables

La nueva normativa tiene un claro componente social. Los datos del IDAE son contundentes: la mitad de los consumidores vulnerables analizados no estaban acogidos al bono social pese a cumplir los requisitos. Otros, peor aún, habían sido convencidos para abandonar ese régimen y pasarse al mercado libre, pagando mucho más a largo plazo.

A partir de ahora, cualquier cambio de un consumidor con bono social al mercado libre exigirá un consentimiento expreso, una estimación anual del sobrecoste y una comunicación mensual a la CNMC. El objetivo es simple: que nadie salga del paraguas de protección sin saber exactamente qué pierde.

Más allá del detalle técnico, el decreto lanza un mensaje político claro. El Gobierno asume que el mercado energético necesita reglas más duras para proteger a quienes menos margen tienen para equivocarse. También amplía la protección a mujeres víctimas de violencia de género y a inquilinos, facilitando el acceso y la subrogación en la tarifa regulada sin cargas heredadas. @mundiario