Multar a una máquina: el desafío de frenar el poder de los algoritmos en el trabajo

Los algoritmos han dejado de ser un asunto de ciencia ficción para convertirse en un nuevo capataz digital. En los centros logísticos, en los call centers o en las plataformas de reparto, ya no es el supervisor quien organiza los turnos o mide la productividad: es una máquina, un sistema matemático que decide, evalúa y, en ocasiones, discrimina. Ante este escenario, el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, ha anunciado una campaña de inspecciones para vigilar cómo las grandes empresas, desde Amazon hasta los centros de llamadas, utilizan la inteligencia artificial para controlar a sus empleados. Pero los expertos lo tienen claro: sancionar esos abusos no será tarea fácil.

La batalla no es menor. En junio, la Generalitat de Cataluña multó a Amazon por negarse a desvelar cómo funcionaban los algoritmos con los que evalúa la productividad de sus trabajadores en El Prat de Llobregat. La multa —apenas 2.400 euros— fue simbólica, pero sentó precedente. Un mes después, la Audiencia Nacional condenó a la empresa Foundever Spain por negar información sindical sobre sus sistemas automáticos de gestión laboral. Dos resoluciones que marcaron el inicio de una nueva era: la del control al controlador.

Sin embargo, ese camino está lleno de trampas legales y vacíos técnicos. La presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, Ana Ercoreca, sostiene que la legislación ya permite sancionar a las empresas que usen mal los algoritmos. A su juicio, el Estatuto de los Trabajadores ofrece herramientas suficientes para castigar tanto la falta de transparencia como los sesgos discriminatorios. Pero la teoría choca con la práctica: detectar cómo actúa un algoritmo requiere conocimientos técnicos que la mayoría de los inspectores aún no poseen.

Los ejemplos sobran. Desde algoritmos que excluyen a mujeres en edad fértil en procesos de selección hasta otros que reducen la carga de trabajo a empleados a tiempo parcial para evitar pagarles el complemento de productividad. “En muchos casos, las sanciones se aplican por cesión ilegal o por discriminación, pero el origen del problema es algorítmico”, admite Ercoreca.

Una inspección sin brújula tecnológica

No todos los inspectores comparten su optimismo. Según EL PAÍS, Miguel Ángel Montero, del sindicato CSIF, advierte que el mal uso de los algoritmos se expande “a velocidad exponencial”, mientras la Inspección “va varios pasos por detrás”. El principal obstáculo, dice, no es la ley, sino la falta de formación específica y de acceso a las entrañas tecnológicas de las empresas. “Las plataformas generan un subempleo de miseria y opacidad total. Lo que ocurre detrás del código fuente es un agujero negro”, denuncia.

El catedrático de Derecho del Trabajo Adrián Todolí coincide: el problema no es normativo, sino operativo. La Inspección puede apoyarse en el Estatuto o en la ley de protección de datos para castigar los abusos, pero necesita saber cómo probarlos. Sin expertos capaces de auditar algoritmos o detectar sesgos automatizados, las sanciones seguirán siendo excepciones.

Europa marca el camino, pero sin dientes

El nuevo reglamento europeo de inteligencia artificial, conocido como IA Act, exige auditorías de las herramientas algorítmicas antes y después de su implantación, especialmente en el entorno laboral. Además, prohíbe expresamente los sistemas de reconocimiento de emociones mediante herramientas biométricas. Sin embargo, la parte más crucial —el régimen sancionador y el reparto de competencias— no entrará en vigor hasta agosto de 2026. Hasta entonces, la Inspección de Trabajo tendrá que moverse entre zonas grises.

El responsable de IA de UGT, José Varela, apunta que muchas empresas “bloquean sistemáticamente” la información sobre sus algoritmos en la negociación colectiva porque “saben que no pasarían ninguna auditoría”. Es decir, el secreto empresarial sigue siendo un escudo más fuerte que el derecho de los trabajadores a entender cómo se los evalúa.

El jurista Iban García del Blanco lo resume con una metáfora inquietante: “Controlar estos sistemas será tan difícil como controlar la implantación de robots”. Los algoritmos se han convertido en una autoridad silenciosa que ordena, selecciona y clasifica sin rostro ni responsabilidad. Y mientras la Inspección busca las llaves del nuevo laberinto digital, el poder empresarial encuentra en la opacidad tecnológica un aliado perfecto.

Porque en esta revolución del trabajo, el algoritmo no solo mide la productividad: también define la dignidad. Y el gran reto, de aquí a los próximos años, será evitar que el progreso tecnológico se traduzca en una nueva forma de subordinación invisible. @mundiario